Relatora especial de la ONU mostró su preocupación por el futuro de la JEP, tras la aprobación del Presupuesto de 2027: “Podrían afectar el funcionamiento”

Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron al Gobierno de Colombia que tres iniciativas legislativas en trámite podrían afectar la capacidad operativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comprometer las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Una de ellas fue la jurista e investigadora estadounidense Margaret Satterthwaite, que compartió a través de su cuenta de X los detalles de la misiva, además de la respuesta oficial por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Omar Bula, luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

La comunicación, fechada el 29 de septiembre de 2026 y registrada bajo la referencia OL COL 10/2026, fue firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

La primera de las tres medidas que preocupan a los relatores es la reducción presupuestal prevista en el Presupuesto General de la Nación para 2027. La JEP solicitó $947.642 millones de pesos colombianos para cumplir su mandato.

El proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda el 27 de agosto de 2026 le asignó $821.803 millones, una diferencia de más de $125.000 millones respecto de lo pedido.

El recorte se amplió durante el trámite legislativo: el 17 de septiembre de 2026 se presentó una proposición para reducir $120.000 millones adicionales del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.

El Gobierno respaldó esa medida, y el 22 de septiembre once representantes a la Cámara pertenecientes a las circunscripciones transitorias especiales de paz creadas como parte del Acuerdo de Paz también la apoyaron públicamente.

Recorte aprobado en primer debate

El 23 de septiembre de 2026, las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones en el presupuesto de funcionamiento de la JEP, cifra que supera las propuestas anteriores. La medida fue justificada como un ejercicio de “racionalización y priorización del gasto público”.

La afectación acumulada entre lo pedido por la JEP y lo que recibiría ascendería a aproximadamente $300.000 millones.

Los relatores advirtieron que ese déficit tendría efectos directos sobre la fase de cierre de las investigaciones de los macrocasos, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes, la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial, el monitoreo de sentencias y los procesos de reparación.

Revisión militar de sentencias

La segunda iniciativa que los relatores señalan es un proyecto de reforma constitucional orientado a establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias proferidas por la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.

La propuesta contempla, además, que esas revisiones automáticas solo puedan hacerse a favor del sancionado.

Los relatores advirtieron que este mecanismo podría sustituir los procedimientos de apelación ya existentes y otorgar a los tribunales militares nuevas facultades sobre una jurisdicción autónoma con competencias constitucionales.

Además, el equipo de juristas recordó que el principio 29 del Conjunto de Principios actualizados para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece que la Justicia Penal Militar debe limitar su competencia a infracciones de carácter estrictamente militar, con exclusión de las violaciones de derechos humanos.

El grupo de juristas internaciones también destacó que el mecanismo propuesto beneficiaría exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública sin establecer vías equivalentes para salvaguardar los derechos de las víctimas, lo que podría generar interrogantes sobre el principio de igualdad ante la ley.

Reducción del mandato institucional

La tercera iniciativa es un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual fijó un período de funcionamiento de 15 años para la JEP.

De aprobarse, el mandato institucional de la Jurisdicción quedaría reducido a 10 años, lo que anticiparía su cierre del año 2033 al año 2028.

Los relatores advirtieron que esta reforma se produce cuando la JEP avanza en la etapa final de varias investigaciones, en la implementación de medidas restaurativas y en actuaciones dirigidas a garantizar los derechos de las víctimas.

En la comunicación, los cuatro mandatos invocan el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, que obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos.

También citan el artículo 14 del mismo Pacto sobre el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Colombia se adhirió el 28 de mayo de 1973.

Los relatores recuerdan, además, las conclusiones del mandato sobre rendición de cuentas en contextos de justicia transicional (A/HRC/48/60), según las cuales la insuficiencia de recursos humanos y financieros es una de las principales causas de impunidad de facto.

Las siete preguntas al Gobierno De la Espriella y la respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores

La comunicación formula siete preguntas concretas al Gobierno colombiano.

Entre los cuestionamientos figuran: qué análisis realizó sobre el impacto de los recortes en la capacidad operativa de la JEP; si se llevó a cabo una evaluación de impacto en derechos humanos antes de aplicar las reducciones; cómo se garantizará la culminación de investigaciones, juicios y reparaciones en curso si se aprueba el cierre anticipado en 2028; y de qué manera la revisión automática por la Justicia Penal Militar sería compatible con los principios de independencia judicial y autonomía de los mecanismos de justicia transicional.

Por su parte, el Gobierno de Colombia respondió el 30 de septiembre de 2026 a la comunicación conjunta de cuatro Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que cuestionaron tres iniciativas legislativas en curso en el Congreso de la República con posible afectación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La respuesta que Satterthwaite adjuntó en el mismo mensaje de X que compartió con la carta hacia el Gobierno nacional, fue cursada ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el código S-GAIIDH-26-028828.

Colombia reiteró ante el organismo internacional su reconocimiento de la JEP como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 e incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que las dos iniciativas de reforma constitucional deben cumplir lo dispuesto en el artículo 375 de la Constitución, que exige aprobación en dos períodos ordinarios y consecutivos y, en el segundo, el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. Además, los actos reformatorios de la Constitución quedan sujetos al control de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.

Ante la pregunta de los relatores sobre si el Gobierno evaluó el impacto en derechos humanos del recorte presupuestal, el Ejecutivo respondió que la reducción fue de iniciativa del Congreso, que el trámite no ha concluido y que la JEP administra de manera autónoma los recursos que se le asignan, conforme al artículo 8 de la Ley 1957 de 2019.

El Gobierno también aclaró que en la pregunta relativa a la “reducción anticipada del mandato en 2028” no es claro si los Procedimientos Especiales se refieren a la propuesta de modificación del artículo transitorio 15 o a una iniciativa distinta, y solicitó a los relatores que precisen el alcance de la consulta.

Medidas activas en el marco vigente

El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que mantiene en ejecución cuatro líneas de acción para garantizar los derechos de las víctimas con independencia del resultado de las iniciativas legislativas.

La primera abarca el cumplimiento de las sentencias en firme de la JEP y la coordinación de proyectos restaurativos a través de la Instancia de Articulación para las Sanciones Propias (Insart), cuya Secretaría Técnica ejerce ese Ministerio conforme al artículo 205 de la Ley 2294 de 2023. Entre los casos en seguimiento se encuentran los Macrocasos 01 y 03.

La segunda línea comprende el desarrollo de las condiciones para el cumplimiento de las sanciones propias, con base en el artículo 204 de la misma ley y en el Decreto 652 de 2026, reglamentario del artículo 38 de la Ley 1957 de 2019.

La tercera incluye la articulación interinstitucional con la JEP en el marco de los documentos CONPES 4031 y 4094, así como la elaboración de instrumentos normativos para coordinar la Jurisdicción Ordinaria con la Jurisdicción Especial.

La cuarta línea contempla la coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y con la Política Pública Integral de Búsqueda, como garantía de verdad y no repetición para las víctimas de desaparición forzada.

El Gobierno señaló que ampliará la información remitida a los Procedimientos Especiales una vez que las iniciativas cuenten con texto definitivo y, en caso de ser adoptadas, existan en el ordenamiento jurídico colombiano.