La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, por los señalamientos relacionados con presuntas gestiones ante antiguos jefes paramilitares para vincular a dirigentes políticos con organizaciones ilegales, en medio de la campaña presidencial de 2026.
La decisión quedó consignada en un auto fechado el 20 de octubre de 2026, emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción y con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco. El documento establece que la actuación se adelanta por hechos correspondientes a la vigencia de 2025, bajo el gobierno de Gustavo Petro.
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De acuerdo con el auto, la actuación se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia. La denuncia se dirigió contra Benedetti a partir de los señalamientos formulados por Rodríguez, quien para entonces se desempeñaba como gerente del Fondo de Adaptación.
La queja tomó como referencia una entrevista publicada el 1 de agosto de 2026 por la revista Semana, en la que Rodríguez se refirió a un supuesto plan que habría surgido en la Presidencia de la República para relacionar al entonces candidato presidencial y hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras con estructuras paramilitares.
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La Procuraduría ordenó abrir formalmente la investigación contra Benedetti y Rodríguez en sus condiciones funcionarios públicos para la época de los hechos. Cabe aclarar que la decisión no establece responsabilidades disciplinarias, sino que da inicio a una etapa en la que se recopilarán elementos para esclarecer lo ocurrido.
La finalidad de la actuación es establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe fundamento para atribuir alguna responsabilidad disciplinaria a los funcionarios investigados.
Los encuentros habrían ocurrido los días 24 y 25 de octubre de 2025. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso confirmó la realización de reuniones con representantes del Gobierno, aunque sostuvo que sus propósitos no correspondían a la versión inicial relacionada con el cierre del Pacto de Ralito.
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La información divulgada sobre las reuniones señala que los exjefes paramilitares habrían recibido propuestas relacionadas con beneficios jurídicos, condiciones de reclusión y posibles mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, los detalles sobre los compromisos y sus alcances deben establecerse a partir de los documentos y testimonios que examinen las autoridades competentes.
Las pruebas que ordenó practicar el Ministerio Público
En la parte resolutiva del auto, la Procuraduría dispuso la práctica de las pruebas relacionadas en el numeral 3.5 de la providencia y comisionó a funcionarios de la dependencia para adelantar las diligencias correspondientes.
El documento señala que los abogados Angélica María Torres García y Carlos Julián Parada García fueron comisionados para la práctica de pruebas y el impulso procesal de la investigación. Asimismo, para una de las diligencias previstas, se dispuso la intervención de funcionarios de policía judicial adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
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La decisión también ordena incorporar los certificados de antecedentes disciplinarios de los dos investigados y notificar formalmente la apertura del proceso a Benedetti y Rodríguez, o a sus respectivos defensores.
Según el auto, ambos tienen derecho a rendir versión sobre los hechos investigados, de manera verbal o escrita. La providencia citada advierte que contra la decisión de apertura no procede recurso alguno, pero formaliza la apertura de la investigación disciplinaria y establece las actuaciones iniciales para recopilar información.
La determinación de eventuales responsabilidades dependerá del desarrollo del proceso y de la valoración de los elementos probatorios que sean incorporados al expediente.
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