Procuraduría pidió absolver a Piedad Zuccardi en proceso por presuntos vínculos con las AUC

La Procuraduría General de la Nación solicitó absolver a Piedad Zuccardi, exsenadora del Partido de la U, en el proceso que enfrenta por el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante su intervención ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público sostuvo que existen dudas sobre su responsabilidad penal.

De acuerdo con información publicada por Cambio, la procuradora delegada Nancy Carolina Aponte cuestionó la solidez de los testimonios que sustentaron la acusación, especialmente los del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, cuyas declaraciones habrían variado con el paso del tiempo.

La excongresista fue acusada en 2013 por presuntamente promover grupos armados ilegales. El proceso incluye señalamientos relacionados con reuniones que habrían tenido lugar en Valencia, Córdoba, en 2000, así como con encuentros en Caracas, Venezuela, y en la cárcel de Itagüí.

Procuraduría cuestionó las declaraciones de Salvatore Mancuso

Durante su intervención, Nancy Carolina Aponte señaló que las versiones de Mancuso sobre los supuestos acuerdos entre Zuccardi y las AUC presentaron cambios sustanciales. Según explicó, parte de las afirmaciones del exjefe paramilitar provenían de comentarios que habría escuchado en la cárcel de Itagüí o de información atribuida a Ernesto Báez, antiguo jefe político del Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

En la acusación formulada en 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema citó una declaración que Mancuso entregó en 2011, durante el proceso contra el entonces senador Javier Cáceres Leal.

En esa versión, el excomandante paramilitar afirmó que Zuccardi habría sostenido reuniones con integrantes de la cúpula de las AUC y que, en uno de esos encuentros, se habría comprometido con Carlos Castaño a impedir la instalación de una zona de despeje en el sur de Bolívar.

Sin embargo, según expuso la procuradora, las declaraciones posteriores de Mancuso no mantuvieron la misma consistencia y parte de la información correspondía a referencias indirectas.

“Las versiones de cargo sufrieron una degradación sustancial al demostrarse que consistían en testimonios de oídas, en declaraciones inducidas y posteriormente retractadas”, afirmó Aponte, según el medio.

La delegada consideró que estas circunstancias generan dudas sobre la solidez de los señalamientos y pidió que se tenga en cuenta la duda razonable al momento de resolver la situación jurídica de la exsenadora.

Las reuniones investigadas y los presuntos apoyos electorales

Uno de los episodios centrales del proceso es una reunión celebrada en Valencia, Córdoba, en 2000, a la que habría asistido Zuccardi junto con integrantes de una comisión de paz del Congreso y miembros de las AUC. La acusación relacionó el encuentro con la intención de impedir una zona de despeje solicitada en el contexto de las gestiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar.

Frente a este señalamiento, Aponte sostuvo que las pruebas permiten cuestionar el supuesto carácter clandestino de la reunión. Para ello, recordó que el entonces comisionado de paz Víctor G. Ricardo habría señalado que la asistencia a esos encuentros estaba justificada ante el Legislativo y había sido reportada al Gobierno de Andrés Pastrana.

El expediente también contempla reuniones que habrían ocurrido en 2003 en Barranco de Loba y San Rafael de Lebrija, en el sur de Bolívar. Según la acusación, las AUC habrían brindado apoyo electoral a la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar mediante el movimiento político Nueva Fuerza Liberal, dirigido por Zuccardi junto con su entonces esposo, Juan José García.

Sobre estos hechos, la procuradora citó los testimonios de Henry Vargas, Robert Díaz y Uldarico Toloza, quienes, según su exposición, afirmaron que Zuccardi no asistió a esas reuniones ni delegó a otra persona para representarla.

Aponte sostuvo que los elementos recaudados no permiten establecer que la excongresista hubiera participado voluntariamente en un pacto delictivo y cuestionó que Nueva Fuerza Liberal hubiera funcionado como instrumento de apoyo a las autodefensas.

Piedad Zuccardi pidió que la absuelvan

Tras la intervención de la Procuraduría, Zuccardi también solicitó a la Corte Suprema que la absuelva. La exsenadora afirmó que, aunque durante la indagatoria se intentó relacionarla con 21 reuniones, la resolución de acusación se fundamentó en ocho.

“En estas reuniones hay ausencia de corroboración y ellas no acreditan un acuerdo delictivo atribuible a Piedad Zuccardi”, manifestó, de acuerdo con la información de la revista.

La excongresista cuestionó además las declaraciones de Mancuso, al considerar que no precisó suficientemente las fechas, los participantes ni su supuesta intervención en los acuerdos ilícitos.

Zuccardi reconoció haber asistido al encuentro de Valencia, Córdoba, pero negó que tuviera una finalidad criminal o que de allí se hubiera derivado algún pacto con las AUC.

“Esta reunión no fue criminal ni con el fin de concertar acuerdos con el grupo paramilitar (...) esta reunión no derivó en acuerdo o pacto alguno de mi parte”, sostuvo.

También afirmó que otros integrantes de la comisión de paz del Congreso fueron indagados por su asistencia a esa reunión, pero no fueron judicializados por los mismos hechos. Según su declaración, fue la única congresista mujer que participó en el encuentro y terminó vinculada al proceso.

La Corte Suprema deberá tomar la decisión

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar los argumentos presentados por la Procuraduría y la defensa antes de emitir una sentencia condenatoria o absolutoria.

El proceso contra Zuccardi lleva más de una década y tuvo una pausa mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo analizaba.