La revisión forense iniciada por la nueva administración de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) puso bajo examen los documentos con los que contratistas acreditaron sus aportes a salud y pensión entre 2023 y 2026. El Sistema de Medios Públicos informó que detectó posibles irregularidades en planillas incorporadas como soportes para autorizar pagos mensuales, un hallazgo que también compromete los controles aplicados por quienes supervisaban los contratos.
El caso se encuentra en una fase preliminar. Conforme a lo expuesto por la entidad estatal, algunos de los soportes aportados a las cuentas de cobro registrarían pagos al sistema de seguridad social que, de confirmarse las verificaciones, no se habrían efectuado. Aunque, no identificó públicamente a los contratistas ni precisó cuántos documentos son objeto de revisión.
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“La nueva administración de RTVC —Sistema de Medios Públicos— detectó posibles irregularidades en los soportes de pago presentados por contratistas durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026. El hallazgo preliminar surgió en la revisión forense que adelanta la entidad sobre la contratación del periodo anterior. De acuerdo con los hallazgos preliminares, algunos contratistas habrían presentado planillas que registraban aportes a salud y pensión que no se habrían efectuado. Esos documentos habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como soporte para autorizar los pagos mensuales”, puntualiza el comunicado dirigido a la opinión pública.
Las planillas habrían sido aceptadas para aprobar los desembolsos
El señalamiento no se limita a la presentación de los documentos. Rtvc indicó que esas planillas fueron usadas dentro del trámite de pago y habrían recibido el aval de los supervisores encargados de comprobar la documentación de cada cuenta de cobro. La autenticidad y la validez de esos soportes forman parte de las obligaciones previas a la autorización de desembolsos.
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“Dichos documentos sirvieron como soporte en las cuentas de cobro y fueron avalados por los supervisores para autorizar los desembolsos mensuales”, señaló.
Sobre la eventual aceptación de información inexacta, precisó que permitiría establecer si hubo fallas en la supervisión contractual. Sin embargo, aclaró que las responsabilidades individuales solo podrán ser definidas por las autoridades competentes, después de las actuaciones que correspondan.
“No se trata de una inconsistencia menor. La acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control esencial en la ejecución contractual. Si los hechos son corroborados, podrían comprometer la responsabilidad de quienes presentaron los soportes y de quienes tenían el deber de verificarlos. La determinación de eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponde exclusivamente a las autoridades competentes”, explicó la entidad estatal.
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La acreditación de aportes al sistema de seguridad social es un requisito para los contratistas que presentan cuentas de cobro. Por ello, la revisión deberá determinar si las planillas cuestionadas corresponden a alteraciones documentales, a inconsistencias administrativas u otras situaciones que requieran correcciones. También deberá establecer el alcance de los pagos autorizados a partir de los soportes examinados.
Rtvc revisará contratos, certificaciones y aprobaciones de pago
Para ello, contrastarán la información de los soportes con los registros disponibles y así verificar el trámite que siguió cada documento antes de que se autorizara el pago respectivo.
Los hallazgos que queden documentados serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Cada organismo podrá evaluar, dentro de sus funciones, si existen elementos para iniciar actuaciones penales, disciplinarias o fiscales.
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La revisión ordenada por Mora Soto continuará con el análisis de los documentos y las validaciones internas de cada proceso. Las conclusiones sobre responsabilidades dependerán de los resultados de esa verificación y de las decisiones que adopten los organismos de control y la Fiscalía.
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