
La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció la intervención de la Empresa Social del Estado (ESE) departamental de San Andrés y cuestionó el estado en que, según afirmó, la cartera encontró el hospital del archipiélago.
En un mensaje difundido en X, la funcionaria aseguró que la institución presenta atrasos en el pago de nóminas, deficiencias de gestión y presuntas prácticas de corrupción. “Es imperdonable”, escribió al referirse a la situación del centro asistencial.
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Vesga sostuvo que el hospital fue hallado “desmantelado” y atribuyó las dificultades a una combinación de “pésima gerencia” y politiquería.
La titular de la cartera cuestionó a las autoridades locales por la atención brindada a los habitantes de las islas. “Nada han hecho”, afirmó en referencia a la respuesta institucional frente a las necesidades sanitarias de la población.

Supersalud asumirá la intervención del hospital
La ministra indicó que la primera decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue ordenar la intervención de la entidad por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
La medida busca establecer un control sobre la administración del hospital y determinar las acciones requeridas para restablecer sus servicios. “La primera decisión fue la intervención”, señaló Vesga.
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El Ministerio de Salud anunció, además, que brindará asistencia técnica y jurídica a la institución. Según explicó la ministra, ese acompañamiento estará orientado a recuperar la prestación de los servicios y a revisar la estructura administrativa señalada por el Gobierno.
El Ministerio anunció apoyo técnico y jurídico
Vesga aseguró que la administración nacional buscará desmontar eventuales redes irregulares dentro del centro asistencial. “Toda la estructura corrupta será desmantelada”, afirmó en su publicación.
La ministra expresó preocupación por la situación de San Andrés y Providencia y vinculó la intervención con el objetivo de mejorar la respuesta hospitalaria para los residentes del archipiélago.

Hallaron equipos médicos almacenados en el hospital de San Andrés mientras contrataban servicios externos
Equipos médicos nuevos que permanecían almacenados mientras el hospital contrataba a empresas externas para realizar servicios similares hacen parte de los hallazgos iniciales tras la intervención del hospital de San Andrés, según reveló la periodista D’Arcy Quinn en su espacio Los secretos de D’Arcy de La FM.
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De acuerdo con la información divulgada, algunos de los contratos para suplir esas prestaciones habrían terminado en manos del esposo de la gobernadora del archipiélago. La versión plantea posibles irregularidades en la gestión de la institución, aunque no se conocieron decisiones judiciales ni pronunciamientos de los señalados frente a esas afirmaciones.
El caso tomó relevancia luego del enfrentamiento público entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz.
El mandatario cuestionó la resistencia que, según su versión, ambas dirigentes habrían planteado frente a la toma de control del centro asistencial.
La revisión inicial también encontró dificultades operativas y financieras. Según Quinn, el hospital no cuenta desde hace seis meses con el servicio de manejo de residuos peligrosos, debido a pagos pendientes a los proveedores.
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La institución, además, acumularía varios meses de atrasos en los salarios de los médicos. Estos elementos hacen parte de las primeras verificaciones posteriores al retiro de la administración departamental sobre el hospital.
La periodista señaló que las autoridades investigan una posible red de corrupción relacionada con la gobernadora y personas de su entorno familiar. No obstante, los datos conocidos corresponden a una etapa preliminar de la auditoría y deberán ser contrastados por las entidades competentes.
Tras la intervención, comenzó una auditoría con el acompañamiento de la zar anticorrupción, Cristina Lombana, quien asumió este caso como el primero de su gestión, según la información el medio citado.
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La interventora designada para dirigir el hospital había administrado previamente el centro asistencial de Providencia. Desde el inicio de sus funciones, habría recibido presiones y amenazas, de acuerdo con Quinn.
La funcionaria cuenta con el respaldo de la ministra de Salud y del Gobierno nacional para avanzar en la revisión administrativa, financiera y contractual.
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