Elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general entrenta otra polémica: denuncian presunto ofrecimiento de puesto a cambio de retirar demanda

Hay una nueva polémica alrededor de la elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general, después de que apareciera una nueva denuncia sobre un presunto intento del jefe de la entidad por ofrecer un cargo a cambio de retirar la demanda contra su designación.

El contralor enfrenta cuatro procesos activos en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Entre ellos está la demanda de Luna Ojeda, que cuestiona la contratación de la Universidad de Cartagena para apoyar la selección.

Sin embargo, según información revelada por la revista Cambio, nueve días después de presentar esa acción, Ojeda habría recibido un ofrecimiento de trabajo en la Contraloría a cambio de retirar el proceso.

La denuncia fue radicada el 6 de octubre, cuando ya se habían presentado cinco acciones contra la designación de Laverde y dos de los demandantes habían pedido retirarlas. Dos expedientes también solicitan suspender provisionalmente los efectos de la elección, una medida que podría incidir en la permanencia del contralor mientras se decide el fondo de los casos.

Ojeda presentó su demanda el 24 de septiembre. Su cuestionamiento se dirige al proceso de selección que terminó con la elección de Laverde y, en particular, a la contratación de la Universidad de Cartagena por parte del Congreso para apoyar ese procedimiento.

El contrato interadministrativo tuvo un valor de $250 millones y fue firmado el 14 de marzo. Según la demandante, para ese momento estaban vigentes las restricciones a la contratación directa previstas en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.

La acción sostiene que el Congreso desconoció esa prohibición y que esa eventual irregularidad comprometió la transparencia del procedimiento. Ojeda pidió que se anule la elección y que el proceso se rehaga desde la selección de la universidad. El alto tribunal deberá definir si el contrato estaba sujeto a las restricciones electorales y si una posible infracción afecta la validez de la designación.

La demanda de Ojeda es una de las cinco acciones presentadas entre el 18 de agosto y el 24 de septiembre de 2026. La primera fue instaurada por Juan Carlos Calderón España, quien pidió retirarla el 23 de agosto después de que el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez le ordenó corregirla.

El magistrado aceptó el retiro cuatro días más tarde, sin que el auto detallara los motivos de Calderón España. Semanas después, su hermano, Gustavo Calderón España, fue nombrado en la Unidad de Apoyo Técnico de la Contraloría.

Calderón España dijo a la revista Cambio que no consideraba casual ese nombramiento, aunque afirmó que nadie le ofreció algo para abandonar el proceso. Sostuvo que retiró la demanda porque la ley se lo permitía.

Otra demanda atribuye a Laverde una posible inhabilidad

El abogado Marcos Estiven Valencia presentó una segunda acción el 14 de septiembre y solicitó tanto la nulidad de la elección como la suspensión provisional de sus efectos. El expediente fue asignado a la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

Ingrith Tatiana Rodríguez también promovió una demanda, repartida al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. A estas acciones se sumó la de Yorley Disardo Laica Oropeza, presentada el 21 de septiembre, que plantea una posible inhabilidad constitucional de Laverde.

Laica sostuvo que el hoy contralor ejerció gestión fiscal durante el año anterior a su elección, cuando se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado hasta agosto de 2026. La Constitución prohíbe elegir como contralor a quien haya desempeñado funciones de gestión fiscal del orden nacional durante el año inmediatamente anterior.

El demandante citó dos manuales oficiales que asignaban a esa secretaría funciones de supervisión de contratistas y de expedición de certificaciones de cumplimiento. Además, identificó diez contratos por $ 298 millones y 39 pagos por $ 240 millones en los que Laverde habría intervenido como supervisor o habría aparecido en trámites de pago.

Aunque otra funcionaria figuraba como ordenadora del gasto, la acción sostiene que esa circunstancia no descarta que Laverde hubiera ejercido gestión fiscal. Fuentes conocedoras del derecho consultadas por Cambio, que solicitaron reserva de su identidad, consideraron que este era el argumento jurídico con mayor peso entre las demandas conocidas.

El 6 de octubre, 15 días después de presentar la acción, Laica pidió retirarla. Invocó el artículo 174 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite retirar una demanda antes de la notificación a los demandados o al Ministerio Público.

El abogado precisó que su solicitud no correspondía a un desistimiento, figura que no procede en procesos electorales, y pidió terminar el trámite y archivar el expediente. La petición permanece en manos de Gómez Montoya. Laica no explicó públicamente las razones y dijo al medio que no recordaba haber recibido una llamada como la denunciada por Ojeda.

La llamada llegó nueve días después de la demanda

La noche del 3 de octubre, entre las 6:50 p. m. y las 7:05 p. m., una persona desconocida habría llamado al teléfono del padre de Ojeda desde una línea terminada en 9109. De acuerdo con el memorial que la demandante presentó ante el Consejo de Estado, el interlocutor pidió hablar con ella y preguntó dónde vivía, cuál era su dirección y cuáles eran sus números telefónicos.

En la demanda, Ojeda solo había registrado una dirección de correo electrónico. Tras referirse al proceso judicial, el desconocido le habría ofrecido un cargo en la Contraloría General de la República si retiraba la acción contra la elección de Laverde.

También le indicó que debía consultar con su jefe y le preguntó si podía viajar a Bogotá para avanzar con una posible vinculación. La propuesta suponía trabajar en la entidad dirigida por el funcionario cuya elección cuestionó, con la condición de abandonar el proceso.

Ojeda entregó el número telefónico desde el que se produjo el contacto y pidió identificar a quien hizo el ofrecimiento, así como establecer de qué forma obtuvo información de su familia. También solicitó verificar si se emplearon capacidades de la Dirección Información, análisis y Reacción Inmediata (Diari) para recopilar datos personales, realizar seguimientos o interceptar comunicaciones.

La demandante pidió que los hechos fueran remitidos a la Fiscalía y a la Procuraduría. En su escrito aclaró que desconoce la identidad de la persona que la contactó y que no cuenta con pruebas para atribuir responsabilidad a Laverde ni a funcionarios de la Contraloría.

Al escribir al número referido, la revista Cambio recibió una respuesta de un contacto que se identificó como integrante del bufete EBG Asociados S.A.S. La firma no respondió quién administraba la línea, quién podía pronunciarse sobre los hechos denunciados ni quiénes eran sus abogados.

“No tenemos conocimiento alguno respecto de la situación que nos manifiesta. No obstante, si tiene alguna inquietud de carácter jurídico o requiere asesoría legal, con mucho gusto estaremos dispuestos a brindarle el acompañamiento correspondiente”, respondió el contacto a la revista.

De momento no existen pruebas que vinculen la llamada denunciada por Ojeda con los retiros de las demandas o con el nombramiento de Gustavo Calderón España. Tampoco hay elementos que indiquen que Laica recibió una propuesta similar, conocía la denuncia de Ojeda o retiró su acción por ese motivo.

La coincidencia quedó registrada el 6 de octubre, cuando Ojeda denunció el supuesto ofrecimiento laboral y Laica solicitó retirar la demanda por la presunta inhabilidad. La Sección Quinta deberá decidir sobre las solicitudes de suspensión provisional y, después, resolver si Laverde cumplía los requisitos para ser elegido y si el Congreso respetó las reglas del proceso de selección.