Polémica por video de funcionario de la Agencia Nacional de Tierras que habría cocinado un armadillo, especie en peligro de extinción: animalistas piden que sea investigado

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad liderada por la excongresista Lina Garrido, esta de nuevo como centro de polémicas. En las redes sociales, se ha viralizado un video en el que uno de sus funcionarios estaría cocinando un armadillo en Bogotá.

Se trataría de Yordy Medina Noriega, asesor de la Dirección General y director de Comunicaciones de la entidad nacional, quien se habría grabado mientras manipulaba el animal y difundía la práctica en redes sociales.

El video fue difundido por el usuario @cosas_del_llano_3.0, y donde se observa que el funcionario comparte con entusiasmo la experiencia de disfrutar el exótico animal.

“Hoy tenemos un cachicamo (nombre común del armadillo) acá en Bogotá (...) Así estemos lejos del llano, comemos como si estuviéramos en el llano, pariente”, dice el jefe de comunicaciones en el filme.

La difusión de la grabación provocó el rechazo de veedurías ciudadanas, defensores de los animales, organizaciones y redes comunitarias. Estos sectores sostienen que el armadillo es una especie silvestre nativa amenazada y que promover su consumo contradice las obligaciones legales y éticas de un funcionario estatal.

“Se trata de una especie silvestre amenazada y en peligro de extinción, por lo que el funcionario podría estar incurriendo en uno o varios delitos ambientales. Respetamos a las comunidades indígenas, afro y campesinas que, por tradición y supervivencia, viven del monte; pero este no es el caso”, expresó la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria en la red social X.

Incluso, las voces de rechazo llegaron hasta el Congreso de la República. La senadora Andrea Padilla, de Alianza Verde, rechazó la conducta de Medina Noriega, y solicitó al presidente Abelardo de la Espriella, así como a la directora Lina Garrido, para que indague al funcionario y, en tal caso, ejercer las medidas correspondientes contra el director de comunicaciones.

“Presidente Abelardo de la Espriella, directora Lina Garrido. Denuncian que este funcionario de la ANT está involucrado en el consumo de un armadillo: animal silvestre protegido por ley. Por los animales y por la legalidad lo correcto es investigar la denuncia y, en caso de confirmarla, tomar medidas penales y disciplinarias”, escribió la congresista en la misma plataforma digital.

Por último, la sociedad civil pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades ambientales, entre ellas la Secretaría de Ambiente de Bogotá y las corporaciones autónomas.

Las denuncias buscan que se abra una investigación por posibles conductas contempladas en el Código Penal colombiano, como el tráfico de fauna silvestre nativa y el transporte, comercialización o consumo no autorizado de especies amenazadas.

Por el momento, la entidad nacional no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la denuncia ciudadana.

Sanciones judiciales

En Colombia, el consumo, la caza, la comercialización o el aprovechamiento no autorizado de fauna silvestre constituye un delito ambiental y una infracción administrativa bajo la legislación vigente, incluida la Ley 2111 de 2021 (Código Penal Colombiano).

Las autoridades ambientales, entre ellas las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente, pueden imponer multas superiores a 190 millones de pesos o equivalentes a miles de salarios mínimos, sin perjuicio del proceso penal. La sanción también contempla el decomiso inmediato de los especímenes, productos y subproductos, como carne, pieles y huevos, además de los elementos utilizados en la infracción.

En el ámbito penal, la caza ilegal puede implicar una pena de 16 a 54 meses de prisión y multas de 33 a 937 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El aprovechamiento ilícito de recursos naturales y el tráfico de fauna silvestre tienen penas de 60 a 135 meses de prisión, con multas de 134 a 43.750 y de 300 a 40.000 salarios mínimos, respectivamente.

Las penas aumentan entre una tercera parte y la mitad cuando se trata de especies amenazadas, en peligro de extinción, migratorias o endémicas, o cuando los hechos involucran grandes cantidades.