
María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó que el expresidente Gustavo Petro tenía conocimiento previo del plan para asesinar a su esposo, al sostener que el financiamiento del crimen provino de territorio venezolano con la articulación de grupos armados ilegales.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que Tarazona detalló los avances de las investigaciones sobre los autores intelectuales del magnicidio perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
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Durante la conversación radial, la viuda del dirigente político señaló directamente las redes de financiamiento que habrían operado desde el exterior para ejecutar el atentado sicarial contra Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado en la Fundación Santa Fe tras el atentado.
“Pero todos sabemos realmente de dónde viene esto. Es decir, Gustavo Petro sabía que a Miguel lo iban a matar. El dinero viene de Venezuela”, dijo Tarazona en la mencionada conversación.

“En Venezuela no se mueve un peso y menos estas cantidades de dinero que salen de Venezuela hacia Colombia sin autorización del régimen (Nicolás Maduro, que estaba en el poder en ese momento). Tenemos además los comandos de frontera, que son los que autorizan el tránsito del dinero, de la droga, de las armas que pasan de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela”, afirmó Tarazona.
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La viuda agregó que la Fiscalía General de la Nación alcanzó a interrogar en prisión a alias Araña, máximo cabecilla de la estructura Comandos de la Frontera, antes de que el presidente Abelardo de la Espriella autorizara su extradición hacia los Estados Unidos, con el fin de obtener detalles sobre la logística y la cancelación de la suma destinada al crimen.
La Fiscalía adelanta las investigaciones sobre el magnicidio
Las investigaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay han avanzado en la identificación de los presuntos autores intelectuales, la financiación y la organización del atentado, además de las capturas que ya adelantaron.
Según las hipótesis investigativas y los testimonios mencionados, el crimen habría sido ordenado por integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc. Entre los señalados aparece alias Zarco Aldinever, identificado como un presunto articulador del plan criminal. Asimismo, se mencionó una suma cercana a los $1.000 millones para financiar la operación, aunque la responsabilidad individual debe establecerse mediante pruebas judiciales.
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La conexión con Venezuela constituye otra línea relevante de investigación, debido a los presuntos vínculos de los mandos señalados con zonas fronterizas. Las autoridades han buscado establecer desde dónde se impartieron las órdenes, cómo se coordinaron los participantes y qué redes facilitaron la logística del atentado.
En cuanto a la seguridad del candidato, la Fiscalía investiga posibles fallas y eventuales responsabilidades de integrantes del esquema de protección, conformado por personal de distintas entidades; entre los elementos que se busca esclarecer figuran registros de llamadas efectuadas poco antes del ataque y comunicaciones que podrían haber permitido transmitir información sobre los movimientos de Uribe Turbay.
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La solicitud de investigación desde la Presidencia del Congreso
A raíz de las declaraciones y las hipótesis sobre presuntas conexiones políticas en el crimen, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, informó que remitió un oficio formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando celeridad en los despachos judiciales.
El congresista del Centro Democrático requirió al ente juzgador establecer de forma urgente la veracidad de las versiones que vinculan a sectores del parlamento con la planificación del atentado contra Uribe Turbay.
“Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, sostuvo el presidente del Senado, Henríquez.
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El titular de la corporación añadió que la administración del Congreso y los legisladores de las diferentes bancadas se encuentran prestos a colaborar con el material probatorio, documentos y testimonios que requiera el cuerpo de investigadores asignado al expediente.
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