Senador del Pacto Histórico pidió a la Contraloría y a la Procuraduría hacer una auditoría a las donaciones a la fundación de la primera dama: “Queremos cuentas claras”

El Ministerio de Hacienda de Colombia reconoció ante el Congreso que no tiene cifras precisas sobre las donaciones que el país recibió a través de la fundación que encabeza la primera dama.

De acuerdo con una publicación del vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, el dato quedó al descubierto en una presentación oficial y encendió la alarma del congresista del Pacto Histórico.

Ocampo exigió este martes que los organismos de control intervengan de inmediato para esclarecer el destino de esos recursos.

Ocampo pide auditorías a la Procuraduría y la Contraloría

A través de su cuenta de X, Ocampo solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de la República (CGR) “adelantar auditorías y controles pertinentes” sobre el manejo de esas donaciones.

El congresista, que ocupa además la vicepresidencia del Senado, pidió que ambos entes determinen el monto, el manejo y el destino de los fondos recibidos por el país a través de la fundación de la primera dama.

“Es que desde el mismo Ministerio de Hacienda no saben cuánto es”, escribió el legislador, quien acompañó su publicación con capturas que, según afirmó, constituyen evidencia del vacío de información.

Y agregó: “Queremos cuentas claras. Merecemos cuentas claras”. La ausencia de una cifra concreta para esa donación no es un caso aislado dentro del esquema oficial: el aporte voluntario de contribuyentes y la sobretasa al ACPM redireccionada comparten la misma condición de pendientes de definición.

Sin embargo, solo la partida vinculada a la fundación de lAna Lucía Pineda generó un pedido formal de auditoría.

La denuncia del Pacto Histórico se produce en medio del trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027, discusión en la que el Gobierno colombiano detalló las fuentes de financiamiento destinadas a atender una emergencia en curso.

El Gobierno agrupó las donaciones bajo la figura del Fondo Milagro

El origen del reclamo está en una intervención del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado. Allí, el funcionario presentó un esquema con las “Fuentes disponibles para la atención de la emergencia”, organizadas según su grado de certeza y canalizadas a través del llamado Fondo Milagro.

El esquema distingue tres bloques. El primero, de atención inmediata para el período comprendido entre el 8 de octubre de 2026 y el 2 de febrero de 2027, suma $5,25 billones entre un crédito del Banco Mundial, recursos del Frente Frío ya asignados a Hacienda y alivios tributarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Un segundo bloque, destinado a la reconstrucción y sujeto a modificaciones presupuestales, alcanza un mínimo de $6,2 billones. Incluye fondos adicionales del Frente Frío, recursos especiales de la Nación y el aporte voluntario de contribuyentes antes mencionado.

El tercer bloque agrupa medidas por fuera del Presupuesto General de la Nación, con un total estimado de entre $1,8 y $2,2 billones. Allí figuran recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), obras por impuestos con un cupo disponible sin ejecutar y regalías.

En ese mismo bloque aparece la línea que disparó el reclamo de Ocampo: las donaciones atribuidas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la fundación de la Primera Dama, marcadas en la presentación oficial con la etiqueta “por cuantificar”.

La categoría sin cifra concentra el reclamo del senador

Para Ocampo, que una partida vinculada a la Primera Dama carezca de un valor definido en un documento oficial de planeación presupuestal constituye un vacío que debe resolverse con control fiscal y disciplinario.

Por eso dirigió su pedido tanto a la Contraloría, encargada de vigilar el uso de los recursos públicos, como a la Procuraduría, con competencia sobre la conducta de los servidores públicos.