El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la ex primera dama Verónica Alcocer y personas de su entorno deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Ferrer, exasesora de Alcocer y exconsejera presidencial en Colombia, hizo los señalamientos en una entrevista con la revista Semana. Sus denuncias incluyen presuntos viajes en aeronaves oficiales entre Colombia y Venezuela, con supuesto traslado de dinero en efectivo, drogas y armas.
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También mencionó el supuesto ingreso al país de USD 2,5 millones sin declarar después de uno de esos viajes, en enero de 2023. Además, denunció posibles influencias en nombramientos y contratos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ProColombia, Ecopetrol y el Banco Agrario.
La exfuncionaria aludió a supuestos aportes no reportados a la campaña presidencial de 2022, vínculos de personas cercanas con operaciones financieras irregulares y episodios de presunto maltrato a funcionarios atribuidos a Alcocer.
“Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación. Ahí respetamos nosotros absolutamente la autonomía de la Fiscalía y la Fiscalía será la que tendrá que comunicarles a ustedes el resultado de eso”, declaró Cancino ante la prensa.
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Al ser consultado sobre el presunto uso de aeronaves oficiales, el ministro señaló que las versiones deben examinarse bajo las garantías del debido proceso.
“Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso, las condiciones, que la Fiscalía y Procuraduría ya han anunciado alguna indagación y el país estará expectante. El Gobierno también estará muy listo a mirar qué encuentran las autoridades y los entes de control”, afirmó.
Las denuncias de Ferrer fueron difundidas por Semana y no constituyen hechos probados judicialmente. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría deberán establecer si existen elementos para avanzar en las investigaciones.
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Procuraduría llamó a indagatoria a Eva Ferrer y a otras cinco personas
La Procuraduría General de la Nación citó a seis personas para que declaren bajo juramento dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción que comprometerían a servidores públicos. La decisión se tomó a partir de información publicada por la revista Semana el 10 de octubre.
La diligencia busca esclarecer denuncias relacionadas con Verónica Alcocer, exprimera dama, y con antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Según lo divulgado, las acusaciones abarcan presunto lavado de activos, narcotráfico y el uso de aviones privados, entre otros posibles delitos.
Entre los convocados figura Eva Ferrer, que fue asesora de Alcocer. También deberán rendir declaración Carmen Caballero, exdirectora de ProColombia, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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La lista incluye además a Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Guillermo Reyes, exembajador de Colombia en Suecia, e Ingrid Carolina Plata Navas, identificada en el material como amiga cercana de la exesposa de Petro.
La Procuraduría pretende reunir elementos que permitan establecer si los hechos descritos en las publicaciones existieron y si pueden derivar en responsabilidades disciplinarias. Las versiones de los citados formarán parte de esa verificación.
El auto que ordenó las declaraciones también encargó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales la práctica de pruebas. Esas actuaciones apuntan a contrastar el contenido de las denuncias y determinar el alcance de las conductas atribuidas.
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La revista Semana había difundido previamente otras informaciones que ya motivaron una indagación del organismo de control. En esas notas, Ferrer había planteado señalamientos sobre supuestos actos de corrupción vinculados con funcionarios públicos.
Las actuaciones anunciadas por la Fiscalía y la Procuraduría abrirán una etapa de verificación sobre las denuncias expuestas por Ferrer. El avance de esas indagaciones y las pruebas que reúnan los organismos de control determinarán si existen responsabilidades disciplinarias o penales de las personas mencionadas.
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