Desde la Procuraduría rechazaron las amenazas contra Abelardo de la Espriella tras ordenar traslados de cabecillas criminales: "No intimidará al Estado"

El jefe del Ministerio Público pidió una acción coordinada de las entidades de seguridad e investigación tras las intimidaciones vinculadas con el traslado de reclusos a distintas prisiones del país

Abelardo de la Espriella trajeado señala hacia abajo al hablar, con hombres uniformados y reclusos en trajes naranjas al fondo.
El abogado Abelardo de la Espriella realiza una declaración pública con una escena del sistema penitenciario de Colombia a sus espaldas - crédito Inpec/Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un día después de que el Gobierno nacional alertara sobre serias amenazas contra la seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, su ministro de Justicia, Iván Cancino, y a los directivos y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcerario (Inpec), desde la Procuraduría General de la Nación rechazaron las intimidaciones.

A través de un comunicado oficial emitido por la entidad, el procurador Gregorio Eljach señaló que la seguridad del jefe de Estado, sus ministros y todo el personal de la instición penitenciaria es prioritario, especialmente tras su labor en el traslado de personas privadas de la libertad a diferentes cárceles del país por orden del presidente.

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La Procuraduría sostuvo que la criminalidad no puede intimidar al Estado ni interferir en decisiones adoptadas dentro de los límites legales del Ejecutivo. Además, Eljach pidió que las entidades responsables de la seguridad actúen de manera articulada para proteger a los funcionarios amenazados, esclarecer los hechos y defender los intereses de la sociedad.

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechaza con total contundencia las amenazas contra el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Ministro de Justicia y del Derecho Iván Cancino, el Director del Inpec y el personal penitenciario. La criminalidad no intimidará al Estado. El jefe del Ministerio Público respalda la adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de quienes han sido objeto de amenazas”, señaló la Procuraduría.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio Público pidió a la institucionalidad salvaguardar la integridad de todo el personal del Inpec y del Ejecutivo - crédito X

Además, desde el Ministerio Público expresaron solidaridad con los dragoneantes que se vieron afectados tras la emboscada de criminales en las inmediaciones de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como represalia por los traslados ordenados por el mandatario nacional.

Para la Procuraduría, la protección de los servidores públicos requiere una reacción conjunta de las instituciones con competencias en seguridad e investigación. La entidad respaldó la adopción de medidas inmediatas para resguardar a las personas señaladas en las amenazas y reiteró que las decisiones legítimas del Estado no deben quedar sujetas a presiones criminales.

“Manifiesta su solidaridad con los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, cobardemente atacados en Barranquilla al salir de su turno en la penitenciaría El Bosque. Las agencias del Estado, en particular las responsables de la seguridad y que representan los intereses de la sociedad, deben actuar unidas para enfrentar la criminalidad”, concluyó el Ministerio Público en su comunicado.

El Gobierno mantendrá los traslados ordenados bajo condiciones de seguridad

Entretanto, el Gobierno nacional indicó que los movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el mandatario continuarán conforme a la ley y bajo condiciones de seguridad. De La Espriella afirmó que los traslados no se suspenderán pese a las intimidaciones y señaló que buscará a los responsables de los mensajes, además de proteger a los guardias del Inpec.

Gobierno reforzó medidas de seguridad tras ataque contra guardianes del Inpec en Barranquilla - crédito 
@MinjusticiaCo/X
Gobierno reforzó medidas de seguridad tras ataque contra guardianes del Inpec en Barranquilla - crédito @MinjusticiaCo/X

Según el Ministerio de Justicia, las amenazas habrían surgido en medio de los traslados recientes y podrían estar relacionadas con una represalia contra quienes toman parte en esas determinaciones. Esa hipótesis es materia de verificación y las autoridades no han establecido aún un vínculo concluyente entre los mensajes intimidatorios y el atentado ocurrido en Barranquilla.

La entidad informó que reforzó medidas preventivas en coordinación con la Policía y otras autoridades, con el propósito de preservar la vida e integridad de los servidores que trabajan en el sistema penitenciario.

El ministerio solicitó a las autoridades competentes investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hasta ahora, no se ha divulgado el contenido de los mensajes que circularían contra los funcionarios ni se han precisado los móviles de quienes los habrían enviado.

Dos dragoneantes resultaron heridos al salir de la cárcel El Bosque

El ataque que elevó la alerta de las autoridades ocurrió contra Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, dos dragoneantes adscritos a la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Sujetos armados los agredieron cuando los funcionarios salían de su turno en el establecimiento penitenciario.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la política de traslados de internos se mantendrá en ejecución a pesar de las intimidaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la política de traslados de internos se mantendrá en ejecución a pesar de las intimidaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención por las heridas sufridas. El Ministerio de Justicia expresó solidaridad con Acosta Marroquín, Tapiero Alférez, sus familiares y sus compañeros de trabajo, mientras se avanza en el esclarecimiento de la agresión.

Las autoridades aún no han determinado los móviles del ataque armado ni su eventual conexión con los traslados y las amenazas. Esa falta de claridad mantiene abiertas las indagaciones sobre la procedencia de las intimidaciones y sobre la posible participación de estructuras criminales interesadas en presionar a quienes intervienen en la administración penitenciaria.

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