Exministros de Petro denunciaron presuntas presiones a contratistas para que ‘renuncien’ a entidades del Gobierno De la Espriella: convocaron a marchas

En medio de los anuncios sobre la convocatoria de centrales obreras y líderes de la oposición a movilizaciones para el 14 de octubre en todo el país, exministros del gobierno de Gustavo petro denunciaron presuntas presiones sobre trabajadores y contratistas de entidades públicas para que firmen la terminación anticipada de sus vínculos laborales.

El exministro de Minas y Energía Edwin Palma fue uno de los primeros en hacer pública la situación. Según denunció en su cuenta de X, contratistas de esa cartera estarían recibiendo comunicaciones en las que se les solicitaría dar por terminados sus contratos bajo la figura del “mutuo acuerdo”, lo que —según advirtió— constituiría una presunta presión indebida.

“Atención contratistas del Ministerio de Minas y Energía. Van más de dos meses de improvisación, el Gobierno sigue sin completar equipos para enfrentar El Niño. El viceministro de Energía sale tras apenas dos meses en el cargo y el director de energía ha sido denunciado por presentarse al Congreso sin estar posesionado. Mientras tanto, la gestión se va en revisar lo avanzado sin proponerle nada nuevo al país. Ahora se van contra la clase trabajadora. Ya circulan cartas del Ministerio de Minas que proponen a contratistas terminar sus contratos “de mutuo acuerdo”, citando la Directiva Presidencial 04. Un mutuo acuerdo exige su consentimiento: nadie está obligado a firmar (sic)”, señaló Palma.

El exministo también publicó un “manual” en el que orientaría a los trabajadores para solicitar razones exactas de las peticiones, además de denunciar ante los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación en caso de detectar irregularidades.

Palma recomendó solicitar por escrito la motivación de cualquier decisión, revisar con detenimiento los documentos antes de firmar y, de ser necesario, consultar a un abogado. La denuncia del exministro de Minas y Energía se produce en un momento de alta tensión institucional, en medio de una presunta reorganización de personal en varias carteras del Estado.

“Quien reciba presiones indebidas por seguir ejecutando su contrato puede ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, quienes esperamos actúe conforme a la Constitución y la ley. Les dejo un modelo de respuesta con unas recomendaciones, para que cada quien decida cómo proceder. Es un texto orientador: cada caso puede ser distinto”, concluyó el exjefe de cartera.

Por su parte, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino amplió el alcance de las denuncias al señalar que las presuntas presiones no se limitarían al Ministerio de Minas, sino que se extenderían a distintas entidades estatales.

En sus declaraciones en X, el extitular de la cartera laboral calificó el presunto fenómeno como una “persecución de corte fascista” y llamó a los afectados a combinar las acciones legales con la movilización en las calles.

“¡Eso está ocurriendo en todas las entidades públicas! Es una masacre laboral de Abelardo de la Espriella y los trabajadores y contratistas de prestación de servicios deben actuar colectivamente acudiendo a todas las acciones legales y a la movilización popular contra esta persecución de corte fascista”, señaló Sanguino.

Ante las denuncias, los exfuncionarios del gobierno Petro pidieron a trabajadores y contratistas del Estados salir a las calles a marchar el miércoles 14 de octubre, una convocatoria que también suma a los docentes de Fecode y sindicalistas.

En Bogotá, la marcha partirá a las 10:00 a. m. desde el Parque Nacional con destino a la Plaza de Bolívar.

La CGT no participará en las marchas y pide a sus afiliados enfocarse en el Plan Nacional de Desarrollo

Sin embargo, la convocatoria no es unánime dentro del movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció el viernes 9 de octubre que no participará ni convocará a sus organizaciones afiliadas a las movilizaciones del 14 de octubre. La decisión quedó consignada en un comunicado firmado por su presidente, Jorge Iván Díez Vélez, y su secretario general, Francisco A. Burchardt Melo, en representación del Comité Ejecutivo Nacional.

En el documento, la organización señaló que sus decisiones deben responder a una evaluación independiente de las actuaciones gubernamentales y sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados y las instituciones democráticas, y no a la afinidad o el rechazo ideológico.

“La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”, establece el comunicado.

La central también precisó que no ha identificado “los suficientes elementos” para respaldar un llamado a marchar contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode y otros sectores sindicales sí confirmaron su participación en las jornadas, que vincularon con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y la paz.

En lugar de sumarse a las protestas, la CGT invitó a sus afiliados a formular propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con énfasis en la protección del empleo, la estabilidad laboral, la lucha contra la informalidad y el fortalecimiento de la seguridad social. La confederación indicó que mantendrá su disposición a dialogar con los gremios y con la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos sobre la situación del país.