Juez revocó el regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras orden de pagarle $7.586 millones a ella y sus hijos

El regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe quedó sin efecto luego de que el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocara, en segunda instancia, la decisión que había ordenado su reintegro.

El despacho también declaró improcedente su retorno al cargo, del que estuvo apartada desde 2013 y que había recuperado mediante una providencia judicial en abril de 2026.

La determinación se fundamentó en los cambios que ha experimentado la estructura institucional de la universidad desde el periodo en que Gette estuvo al frente de la institución. Según el juez, la Universidad Autónoma del Caribe que dirigió entre 2003 y 2012 ya no existe en los mismos términos, debido a las modificaciones de sus estatutos y de los órganos de gobierno que regulan su funcionamiento administrativo y académico.

Para el despacho judicial, estas transformaciones impiden restablecer las condiciones institucionales que existían cuando Gette Ponce ejercía como rectora. Por esa razón, consideró que no resultaba constitucional devolverle el cargo bajo las condiciones que regían durante su administración.

La decisión deja sin vigencia la determinación adoptada el 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, que había reconocido el restablecimiento de los derechos de la exrectora para asumir nuevamente la dirección de la universidad.

El caso se desarrolla en medio de actuaciones judiciales relacionadas con la situación jurídica de Gette Ponce y con las obligaciones económicas que la institución educativa debe atender. Precisamente, un día antes de conocerse la revocatoria de su regreso a la rectoría, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la universidad pagarle a ella y a sus hijos $7.586 millones para reducir el monto de la pensión de sobrevivientes que heredaron de Mario Ceballos Araújo, quien recibía esa prestación desde 1988, en virtud del Acuerdo 474 de ese año.

En esa misma providencia, decretó el embargo de cuentas de la institución hasta por $13.136 millones.

La decisión inicial que permitió el regreso de Gette Ponce a la rectoría se apoyó en el reconocimiento de sus derechos para ejercer el cargo. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías consideró que la exrectora ya no estaba inhabilitada para desempeñar cargos públicos.

En ese momento, el despacho también tuvo en cuenta que las actas de las reuniones en las que fue elegido Ramsés Vargas Lamadrid como rector podrían haber sido falsificadas. Ese elemento hizo parte de los argumentos considerados para restablecer los derechos de Gette Ponce y permitirle regresar a la dirección de la universidad.

Sin embargo, la decisión generó actuaciones posteriores. El Ministerio de Educación, que en ese momento estaba encabezado por Daniel Rojas, cuestionó la providencia y presentó una acción de tutela contra el juzgado que había ordenado el reintegro.

La solicitud fue radicada por un abogado en representación de la cartera ministerial y alegó “la presunta vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales al debido proceso”.

El caso fue revisado por el juez Benjamín Jaimes Pérez, del Consejo Superior de la Judicatura, seccional Atlántico. Una semana después de la decisión inicial, el 14 de abril de 2026, el funcionario expidió una medida que suspendió provisionalmente sus efectos. En esa actuación, el juez advirtió “la posible configuración de irregularidades relevantes desde el punto de vista constitucional” en relación con la sentencia del 8 de abril.

Por ese motivo, admitió la acción de tutela presentada por el representante del Ministerio de Educación y concedió la medida provisional solicitada. La suspensión debía mantenerse hasta que se resolviera de fondo la tutela o, en su defecto, el recurso ordinario interpuesto contra la providencia que había autorizado el regreso de Gette a la rectoría.

Los antecedentes judiciales de Silvia Gette

Gette Ponce estuvo al frente de la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2012. En 2013 fue apartada del cargo en medio de investigaciones por soborno y otros hechos relacionados con su administración.

En mayo de 2019, un juzgado penal de Barranquilla la condenó en primera instancia por abuso de confianza calificado y agravado. La decisión impuso una pena de nueve años de prisión y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, entre 2008 y 2012 la exrectora realizó autopréstamos por $1.075 millones. Los recursos habrían sido utilizados para cubrir obligaciones tributarias y personales, así como para pagar los honorarios del abogado que la representó en un proceso.

Posteriormente, en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años de prisión. En su decisión, el alto tribunal se refirió a la administración de una cuenta bancaria de la institución educativa en Estados Unidos.