El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta decretada tras el sismo del 10 de agosto, una medida con la que busca contratar obras, bienes y servicios para reparar las afectaciones en sedes judiciales.
La medida dará tiempo, además, de “garantizar la seguridad de servidores judiciales y usuarios, así como la continuidad del servicio de justicia”, señaló la corporación encargada de la administración judicial en un comunicado.
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La decisión quedó formalizada en el Acuerdo PCSJA26-12598, aprobado el 8 de octubre del año en curso. La entidad informó que la extensión permitirá avanzar en la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa de la Rama Judicial que quedó con serios daños en varios de los territorios afectados.
Según este documento, 110 sedes judiciales presentaron afectaciones tras el movimiento telúrico. De ese total, 21 registraron daños graves, 63 moderados y 26 leves.
De acuerdo con la institución, la prórroga respondió a solicitudes de las direcciones seccionales de Administración Judicial de Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué.
Dichas dependencias pidieron más tiempo para adelantar contrataciones destinadas a diagnósticos estructurales, adecuaciones locativas, reubicación de despachos y traslado de infraestructura tecnológica.
Quibdó y Pereira concentraron las mayores restricciones
La información oficial indicó que, en septiembre, el Consejo Superior de la Judicatura mantuvo medidas excepcionales para los distritos judiciales de Quibdó y Pereira, donde persistían problemas de infraestructura, conectividad y acceso a las sedes.
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El Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó informó entonces que el Palacio de Justicia Adán Arriaga Andrade, en Quibdó, y varias sedes en municipios del departamento presentaban daños. También reportó dificultades en el suministro eléctrico, la conectividad y la infraestructura tecnológica.
En Pereira, por ejemplo, el Palacio de Justicia fue declarado inhabitable, una situación que afectó el funcionamiento de 83 despachos judiciales, secretarías y centros de servicios del Distrito Judicial de Pereira.
Ante esas circunstancias, el Consejo dispuso despachos de apoyo itinerante en el departamento de Arauca para atender asuntos procedentes de Quibdó, y en Barranquilla y Valledupar para los casos provenientes de Pereira.
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La medida cubrió acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus, audiencias de control de garantías y otros trámites urgentes relacionados con personas privadas de la libertad.
El trabajo en casa para funcionarios judiciales de estas sedes seguirá habilitado hasta el 31 de diciembre
Por estos motivos, el Consejo Superior de la Judicatura indicó que en la mayoría de los despachos afectados ya se restableció el servicio de administración de justicia.
Las dependencias que todavía no pueden retomar plenamente la presencialidad operan bajo un esquema híbrido, con alternancia entre trabajo en casa y atención presencial.
Aun así, algunas sedes también fueron trasladadas de forma temporal para asegurar la continuidad de las labores judiciales.
Mediante el Acuerdo PCSJA26-12601, la corporación prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación temporal del trabajo en casa para servidores de los despachos y dependencias afectadas. La autorización dependerá de los nominadores, con concepto favorable y vinculante del respectivo consejo seccional de la Judicatura.
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Se cumplen dos meses del terremoto del 10 de agosto
Dos meses después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país, el Gobierno nacional puso en marcha el Fondo Milagro con recursos iniciales por $1 billón para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas, mientras las autoridades mantienen el reporte de 335 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y 103 desaparecidas.
El sismo ocurrió en el occidente de Colombia y fue uno de los eventos sísmicos más graves de los últimos años. El presidente Abelardo De la Espriella anunció el 7 de octubre la entrada formal en operación del fondo, que tendrá a su cargo la financiación de intervenciones en vivienda, educación, salud, vías y redes de acueducto.
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“Será el instrumento para administrar con transparencia, rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, precisó el mandatario en su momento.
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