La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la salida de Olga Lucía Vásquez Barrios de la interventoría de Capresoca EPS, después de que la Universidad Javeriana certificara que no aparece en sus registros académicos y que no obtuvo el título profesional en enfermería que habría presentado para asumir el cargo.
El organismo de control trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si se cometieron delitos y establezca las responsabilidades correspondientes.
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La decisión se conoce en un momento clave para la entidad de salud que opera principalmente en Casanare y atiende a cerca de 164.000 afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado.
El título que desencadenó la salida y el anuncio de una investigación penal
La Superintendencia explicó que la remoción se produjo después de verificar con la institución educativa correspondiente la documentación aportada por Vásquez Barrios durante el proceso de posesión.
“La decisión fue adoptada luego de la verificación realizada ante la institución de educación superior correspondiente sobre la documentación académica presentada para asumir el cargo. La universidad certificó que Olga Lucía Vásquez Barrios no figura en sus registros académicos ni obtuvo el título profesional en enfermería presentado durante el proceso de posesión”, indicó la Supersalud, a través de un comunicado.
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La Universidad Javeriana también se pronunció sobre el caso y dejó constancia de que la entonces interventora no figura como estudiante de la institución y no obtuvo el título mencionado.
“El director de la oficina de admisiones y registro académico informa que Olga Lucía Vásquez Barrios no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrito (a) como estudiante de la universidad. No obtuvo el título”, señalaron.
La Fiscalía deberá establecer si la documentación cuestionada configura el delito de falsedad documental, una de las posibles conductas sobre las que la Supersalud pidió adelantar las investigaciones. Además, el organismo solicitó que “se adopten las medidas necesarias para evitar la continuidad de los efectos derivados del eventual uso de documentos académicos falsos ante entidades públicas del sector salud”.
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La Superintendencia rechazó este tipo de actuaciones y remitió la información al ente acusador para que determine las posibles responsabilidades.
Nuevo interventor llega a una EPS bajo presión financiera y administrativa
Tras ordenar la remoción de Vásquez Barrios, la Supersalud nombró a Giovanni Antonio Guzmán Vargas para asumir la dirección de Capresoca durante la intervención.
La entidad informó que el nuevo funcionario es médico cirujano, cuenta con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales y acumula más de 30 años de experiencia en el sector salud. Su trayectoria incluye cargos de dirección médica y gerencia en entidades aseguradoras y prestadoras de servicios sanitarios.
El cambio de interventor ocurre mientras continúan las medidas para corregir las dificultades que llevaron al Gobierno a tomar el control administrativo de la EPS en octubre de 2024. En ese momento, la Supersalud argumentó que Capresoca atravesaba problemas administrativos y financieros, dificultades en la entrega de medicamentos y un incremento de las tutelas, los desacatos y las quejas de los usuarios.
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La situación de la entidad también fue objeto de evaluaciones relacionadas con la gestión del gasto, los controles internos, la depuración de costos y la sostenibilidad financiera.
El 14 de agosto de 2026, Vásquez Barrios había emitido un concepto favorable condicionado a la continuidad de la intervención. En ese documento sostuvo que era necesario corregir hallazgos de gestión y control, fortalecer las auditorías, depurar provisiones y costos y evaluar la eventual incidencia de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Posteriormente, Baker Tilly Colombia, firma contralora de la intervención, advirtió sobre los riesgos que seguían afectando a la EPS. En un documento enviado el 3 de septiembre, la firma señaló que “persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de la EPS para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible, así como el cumplimiento de los objetivos asociados a las órdenes impartidas por el ente de control”.
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Capresoca seguirá intervenida hasta 2027
Mientras se produce el relevo en la dirección, el Gobierno nacional autorizó extender por un año la intervención forzosa administrativa de la EPS. La resolución emitida el 6 de octubre estableció que la medida se mantendrá desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027.
La decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, con base en las evaluaciones sobre las condiciones de la entidad y las acciones requeridas para superar las dificultades identificadas.
La legislación establece que la intervención puede extenderse más allá de los plazos ordinarios cuando el Gobierno nacional lo autorice mediante una resolución ejecutiva, siempre que las características de la institución lo justifiquen. Con la prórroga, Capresoca completaría tres años bajo intervención estatal. La Supersalud, sin embargo, mantiene la facultad de levantar la medida antes de la fecha prevista si las condiciones lo permiten.
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