Tribunal Militar exige pruebas a magistrada de la JEP por afirmar que esa justicia sirvió para “encubrir” casos

El Tribunal Superior Militar y Policial respondió a las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y le pidió presentar las pruebas que respalden su afirmación de que la Justicia Penal Militar habría funcionado como un “mecanismo de encubrimiento” en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

La controversia surgió después de una entrevista concedida por Díaz a El Espectador, en la que cuestionó públicamente el papel que ha tenido esa jurisdicción en determinados procesos.

Según la información publicada por Blu Radio, el Tribunal aseguró que respeta tanto la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó que las críticas se extiendan de manera general a toda la Justicia Penal Militar y Policial.

“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’”, señaló la corporación en un comunicado.

El Tribunal sostuvo que una afirmación de ese alcance desconoce, a su juicio, el trabajo desarrollado por sus funcionarios y los resultados judiciales alcanzados durante los últimos años.

Tribunal invita a magistrada a presentar denuncias

La Justicia Penal Militar y Policial pidió a Díaz Gómez entregar la información concreta que sustente sus declaraciones.

Además, la invitó a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes si cuenta con elementos que permitan establecer posibles irregularidades o actuaciones contrarias a la ley.

El Tribunal defendió su autonomía e independencia constitucional y aseguró que sus decisiones se adoptan bajo principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y debido proceso.

La corporación también señaló que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de esta jurisdicción, puede dar cuenta de los resultados de las actuaciones desarrolladas.

La respuesta institucional no entra a desvirtuar casos concretos mencionados por la magistrada, pues la información divulgada no precisa cuáles situaciones particulares fueron utilizadas por Díaz para sustentar su cuestionamiento.

La discusión se concentra, por ahora, en el alcance general de sus afirmaciones y en la petición del Tribunal para que cualquier señalamiento sea respaldado con datos y pruebas específicas.

Tribunal presenta cifras de sus decisiones judiciales

Como parte de su defensa institucional, el Tribunal Superior Militar y Policial divulgó cifras sobre sus resultados en los últimos años.

Según el reporte presentado por la corporación, entre 2022 y lo corrido de 2026 se han proferido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.

El Tribunal explicó que esos fallos no corresponden exclusivamente a delitos relacionados directamente con el servicio militar o policial.

Entre los procesos conocidos por la jurisdicción también se encuentran casos relacionados con homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otras conductas.

La institución utilizó esas cifras para responder a la tesis de que la jurisdicción funcionaría de manera general como un mecanismo destinado a impedir o dificultar investigaciones.

El Tribunal también hizo una comparación con los resultados de la JEP y aseguró que existen diferencias relevantes teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la justicia transicional.

Sin embargo, la información divulgada no incluye cifras concretas sobre las decisiones de la JEP utilizadas para establecer esa comparación, por lo que no es posible determinar a partir del material suministrado cuál es exactamente la diferencia señalada.

La controversia se produce en un momento de debate sobre el papel de las distintas jurisdicciones frente a conductas cometidas durante el conflicto armado y sobre las competencias de la justicia transicional y la Justicia Penal Militar.

Por ahora, el Tribunal Superior Militar mantiene su rechazo a la generalización hecha por Díaz Gómez y sostiene que cualquier cuestionamiento sobre posibles casos de encubrimiento debe estar acompañado de pruebas individualizadas, información verificable y denuncias ante las autoridades competentes.