Centro Democrático rechazó acusación de ‘Timochenko’ contra senadora por revelar audiencia con la JEP: “Nuestra bancada no se dejará intimidar”

El Centro Democrático rechazó los señalamientos atribuidos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contra la senadora María Clara Posada y expresó su respaldo a la labor de control político que la congresista realiza sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Con contundencia y apegada a la verdad, la congresista ha cuestionado el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a las Farc”, afirmó el partido en un comunicado.

La colectividad sostuvo que la actuación de Posada “se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

El Centro Democrático añadió que su bancada no aceptará intimidaciones. “Nuestra bancada no se dejará intimidar. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la senadora María Clara Posada”, concluyó.

Rodrigo Londoño, acusó a la senadora María Clara Posada de violar la reserva de un proceso ante la JEP al divulgar fragmentos de sus audiencias. El excomandante sostuvo que la difusión buscaba afectar la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.

La congresista del Centro Democrático también ha denunciado posibles irregularidades en el contrato del edificio de la Justicia Especial para la Paz, ubicado en el norte de Bogotá. Sus cuestionamientos abarcan la contratación de una nueva sede y un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

El intercambio surgió tras la publicación de imágenes en las que Londoño aparece riendo junto a magistrados durante una diligencia pública. Posada afirmó en redes sociales: “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”.

La reserva de las audiencias y la sanción en Pitalito

Posada dijo que recibió las imágenes de una fuente anónima y cuestionó que ese tipo de diligencias estuvieran sometidas a reserva. También relacionó el desarrollo de las audiencias con el costo de la JEP y consideró que las actuaciones observadas no reflejaban el sometimiento de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Londoño respondió que la senadora había incurrido en una infracción al divulgar esos contenidos: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.

El exjefe guerrillero añadió que la divulgación apuntaba a “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”. Su posición vinculó la controversia con la oposición que, a su juicio, enfrenta el tribunal.

La discusión también se reactivó por una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre el papel de la JEP frente al conflicto armado y al Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Petro planteó que el tribunal debe mantenerse vigente mientras persista el conflicto y recuperar facultades previstas en ese acuerdo.

El expresidente sostuvo además que la jurisdicción debería cumplir un papel central en el esclarecimiento de la verdad y en las investigaciones sobre terceros que participaron en el conflicto. Londoño respaldó esa idea y afirmó: “La JEP fue acordada en el acuerdo de paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”.

Las críticas de Posada también alcanzaron las fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad de Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. En las imágenes, el excomandante utiliza un machete para limpiar árboles de bambú alrededor del camposanto, como parte del inicio del cumplimiento de la pena impuesta por delitos cometidos mientras dirigía las Farc.

La senadora cuestionó la modalidad de esa sanción y escribió: “La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuando le resulta el viaje a Varadero”.

La controversia quedó concentrada en dos asuntos: la divulgación de fragmentos de audiencias y el carácter reservado de esas diligencias, además de las objeciones de Posada sobre los procedimientos y las actividades vinculadas al cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.