Abogado de Olmedo López se refirió al traslado de su cliente a la cárcel La Picota por orden presidencial: “Existe una orden judicial”

El abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, cuestionó el traslado ordenado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para su cliente y para Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El jurista aseguró a través de un video que compartió el mismo martes 6 de octubre de 2026 desde su perfil de Instagram (día en que se conocieron las imágenes de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro encadenados de manos y pies) que la decisión de mover a López desde el Centro de Reclusión Militar Caldas hacia la cárcel La Picota de Bogotá desconoce una orden judicial previa y las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta el exdirector de la Ungrd por su colaboración con la justicia.

“No estamos solicitando su libertad ni un privilegio. Estamos exigiendo que se proteja la vida de un testigo esencial y la verdad en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo”, afirmó el penalista.

López y Pinilla son investigados por el entramado de corrupción relacionado con la compra de carrotanques que serían destinados a atender la emergencia por sequía en La Guajira. Ambos han entregado información a la Fiscalía sobre los hechos y sobre otros presuntos participantes en la red.

La defensa cuestionó el traslado de Olmedo López a La Picota

Moreno indicó que el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó que Olmedo López permaneciera recluido en el Centro de Reclusión Militar Caldas.

Según el abogado, la decisión judicial incluyó una boleta de detención dirigida expresamente a ese establecimiento. Por dicha razón, sostuvo que el Inpec no debería modificar el lugar de reclusión mientras no exista una nueva orden emitida por el juez competente.

“Mientras la orden judicial no sea modificada por el juez competente, se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión”, púntualizó Moreno.

La defensa pidió, además, que se evalúe la apertura de investigaciones disciplinarias por la decisión administrativa de trasladar al exfuncionario a otro centro penitenciario.

La Fiscalía habría alertado sobre los riesgos por su colaboración

El abogado comentó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia envió un documento el 16 de septiembre de 2026 en el que advirtió que el nivel de riesgo de López aumentó debido a su colaboración con las investigaciones.

Dentro de sus argumentos, Moreno expuso que el ente acusador indicó que esa situación no había mejorado y que podía aumentar cada vez que López cumpliera con su obligación de rendir declaraciones dentro de los procesos derivados del caso Ungrd.

La Fiscalía, de acuerdo con la versión de la defensa, habría solicitado que no se realizara el traslado y que se mantuvieran las medidas de protección para el exdirector de la entidad.

Moreno también alegó que el 3 de octubre de 2026 la Fiscalía certificó que López será testigo de cargo en procesos relacionados con altos exfuncionarios del Estado.

El abogado defensor del exdirector de la Ungrd también afirmó que enviar a López a La Picota podría exponerlo a personas, redes o intereses afectados por la información que ha entregado a las autoridades.

La preocupación del penalista se relaciona con el papel que López ha desempeñado dentro de la investigación, en la que ha aportado datos sobre contratos, reuniones y presuntas actuaciones de funcionarios y particulares vinculados con el escándalo.

Moreno agregó que la información entregada por su cliente ha contribuido a avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos de corrupción con mayor impacto reciente en el país.

“No permitiremos que se convierta en un testigo de bolsillo. Él solo declarará en lo que le corresponde y de lo que sabe”, aseveró el abogado.

La expresión se refiere a que, según la defensa, López deberá limitar sus declaraciones a los hechos que conoció de forma directa y a la información que pueda sustentar dentro de las actuaciones judiciales.

El caso de los carrotanques en La Guajira y la orden del presidente Abelardo de la Espriella

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, se convirtieron en figuras centrales de la investigación por la adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades afectadas por la sequía en La Guajira.

La Fiscalía investiga posibles irregularidades en ese contrato y en otros procesos de la entidad. Las declaraciones de López y Pinilla han derivado en menciones a congresistas, exfuncionarios (como Sandra Ortiz e Iván Name) y otros actores que habrían tenido participación o conocimiento de presuntas actuaciones ilegales.

La defensa de López insiste en que, debido a su condición de colaborador y testigo en varios procesos, las autoridades deben garantizar condiciones especiales de seguridad y evitar decisiones que, a su juicio, pongan en riesgo su integridad o afecten el avance de las investigaciones.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella, se mantuvo en firme con su decisión y se refirió al traslado de López y Pinilla a La Picota, con un mensaje que compartió desde su cuenta de X el mismo martes.

“¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos", destacó en su publicación el jefe de Estado.

El mandatario advirtió más adelante: “Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”.

Al final, De la Espriella sentenció que “aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”, al señalar que “la plata pública es sagrada”.

“Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”, concluyó el presidente de la República.