Las Fuerzas Militares incautaron $675 millones en efectivo en una embarcación interceptada en El Charco, Nariño, recursos que, según información preliminar, estarían destinados a la Estructura 30 del Bloque Occidental Jacobo Arenas, vinculada por las autoridades con alias Iván Mordisco.
El hallazgo se produjo durante un puesto de control fluvial en la vereda Arenal, en zona rural de El Charco, donde participaron tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 43 de la Armada de Colombia.
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Además del dinero, las unidades militares decomisaron dos proveedores para pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos, una antena de comunicación satelital y una lancha de fibra de vidrio con motor fuera de borda. El material quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones sobre su procedencia y destino.
La incautación representa una afectación a la capacidad de financiación y movilidad de la estructura armada que opera en corredores fluviales del Pacífico nariñense, según el reporte oficial.
Un señalado insurgente murió en el operativo
El procedimiento derivó en un intercambio de disparos luego de que el ocupante de la lancha desatendiera la orden de detenerse, de acuerdo con la versión de las Fuerzas Militares. El Ejército señaló que, tras recibir la instrucción de detener la embarcación, el hombre cambió de dirección y disparó contra las tropas que realizaban la inspección.
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Los uniformados respondieron al ataque y el presunto integrante de la Estructura 30 resultó herido. Personal militar le prestó atención inicial en el lugar y luego lo trasladó a un centro asistencial. El hombre falleció posteriormente, según informó la institución.
“Durante esta operación se presentó una agresión contra nuestros uniformados, que reaccionaron de manera legítima, respetando en todo momento los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.
El oficial añadió que el decomiso de dinero, munición, medios de comunicación y transporte busca limitar los recursos con los que los grupos armados sostienen sus acciones ilegales: “Significa afectar directamente los recursos y las capacidades logísticas de quienes pretenden utilizar estos corredores para fortalecer sus actividades ilegales”.
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El Charco concentra rutas fluviales de interés para grupos armados
El Charco forma parte de los municipios del litoral de Nariño, donde los ríos constituyen la principal vía de transporte para comunidades rurales y poblaciones ubicadas en áreas de difícil acceso terrestre.
Las rutas fluviales también son vigiladas por las autoridades debido a su utilización por parte de organizaciones armadas y redes criminales para el traslado de personas, armas, insumos y recursos económicos.
La Fuerza de Tarea Hércules afirmó que mantendrá las acciones conjuntas y coordinadas en el departamento para reducir las capacidades criminales de los grupos que delinquen en el Pacífico nariñense.
El coronel Morales Guerrero señaló que la presencia militar en el área busca brindar condiciones de seguridad a las comunidades. “Detrás de cada procedimiento está el propósito de proteger a nuestra gente, acompañar a las comunidades y garantizar que puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad”, expresó.
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Una antena satelital también apareció en una mina ilegal de Antioquia
El hallazgo del equipo de comunicación en Nariño coincide con otra intervención reciente del Ejército en el oriente de Antioquia, donde las tropas localizaron una unidad de producción minera ilegal en la vereda El Ingenio, jurisdicción de San Rafael.
En ese lugar, efectivos de la Cuarta Brigada inutilizaron una excavadora que estaba oculta entre ramas para evitar su detección desde el aire. También encontraron turbinas diésel, motobombas, mangueras, equipos de succión, herramientas de soldadura, lubricantes y combustibles.
La unidad minera contaba con una antena de internet satelital alimentada por un panel solar. De acuerdo con el Ejército, el dispositivo permitía a los operadores mantenerse en contacto con integrantes de la subestructura Pacificadores de Samaná, señalada por las autoridades como parte de la red del Clan del Golfo.
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La institución calculó que esa mina tenía capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos de oro cada mes, una producción valorada en más de $1.300 millones. La afectación por la maquinaria y los insumos encontrados fue estimada en $1.040 millones.
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