Rodrigo Lara defendió proyecto sobre guardias indígenas ante polémica por posible pérdida de autonomía: “No hay listados de nombres”

El Ministerio del Interior defendió el sistema de información propuesto para las guardias indígenas, luego de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazara el borrador de decreto publicado por el Gobierno nacional. La iniciativa busca reunir datos sobre estas organizaciones para facilitar la comunicación entre las instituciones estatales y las autoridades propias de los territorios indígenas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó en X que el proyecto se encuentra en etapa de consulta pública y que los ciudadanos y organizaciones pueden presentar comentarios hasta el 4 de octubre.

Según el funcionario, la herramienta tendría carácter institucional y no constituiría un mecanismo para autorizar, certificar o crear las guardias indígenas. “El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad”.

Lara también relacionó la iniciativa con las acciones de prevención frente al reclutamiento de menores en el Cauca. “Considero que las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas”.

El ministro agregó que la información permitiría conocer a las entidades con qué autoridad deben establecer mecanismos de articulación. En ese sentido, sostuvo: “Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres”.

Qué contempla el proyecto del Gobierno

El borrador parte de la ausencia de un registro oficial consolidado sobre las guardias indígenas existentes en Colombia. El documento señala que las entidades estatales deben reconstruir la información en cada caso debido a que no cuentan con datos centralizados sobre estas organizaciones.

“El Estado no cuenta con información oficial consolidada sobre las guardias indígenas, pues no conoce a ciencia cierta cuántas existen, en qué territorios actúan, qué autoridad propia las orienta ni con cuántos integrantes cuentan”, puntualiza el proyecto.

El sistema propuesto registraría información relacionada con la organización, el pueblo indígena al que pertenece, su jurisdicción, la autoridad a la que responde y la cantidad de integrantes. También contemplaría la identificación de las personas designadas como enlaces para facilitar la comunicación entre las guardias y las instituciones públicas.

La propuesta establece que la inclusión de una guardia en la plataforma tendría un carácter exclusivamente informativo. De acuerdo con el documento, aparecer en el sistema no supondría un reconocimiento pleno de la organización ni modificaría su situación frente al Estado.

Además, el proyecto señala que ninguna entidad estatal podría exigir la inscripción o la entrega de información como condición para reconocer una guardia o acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación.

“Ninguna entidad podrá exigir el reporte de información al sistema ni la constancia como requisito para reconocer la guardia o para el acceso a medidas de protección, fortalecimiento o reparación”, indica el decreto.

El rechazo del Cric

El Consejo Regional Indígena del Cauca rechazó el 30 de septiembre el borrador del Ministerio del Interior. La organización sostuvo que la Guardia Indígena no debe quedar sometida a mecanismos de regulación o control estatal y cuestionó los posibles efectos de centralizar información sobre estos procesos comunitarios.

“La Guardia Indígena se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales, no hacemos parte de las políticas de gobiernos de turno”, expuso el Programa de Guardia Indígena del Cric en su pronunciamiento.

La organización explicó que las guardias son expresiones colectivas y comunitarias surgidas en los territorios y sustentadas, según su declaración, en la espiritualidad, el derecho propio, la autonomía y la autodeterminación. También señaló que su existencia no depende de una autorización o reglamentación estatal.

El Cric sostuvo que las medidas de protección y las garantías que corresponden al Estado no deben condicionarse a la entrega de información. “La obligación estatal es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sin desconocer la autonomía y autodeterminación, sustentadas en el bloque de constitucionalidad y la Constitución Política”.

La organización también manifestó preocupación por el uso que podría darse a los datos recopilados. En su pronunciamiento advirtió que la información “podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización” de quienes ejercen labores de defensa territorial y comunitaria.