Políticos reaccionaron a decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de revocar resolución del Gobierno Petro sobre el páramo de Santurbán: “El peor enemigo de los animales”

Representantes y senadores cuestionaron la expedición de la Resolución 1277 de 2026, que, según sus denuncias, revocó una prórroga que extendía hasta 2029 una reserva temporal en el páramo de Santurbán.

Los dirigentes alertaron sobre eventuales efectos para las fuentes de agua que abastecen a Santander y Norte de Santander, y atribuyeron la medida al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien se presentó como defensora de los animales, sostuvo que no puede permanecer “callada” ante lo que ocurre con el ecosistema.

Durante su intervención, afirmó que el Gobierno toma determinaciones que afectan la fauna, los ecosistemas y las fuentes hídricas de la zona. Hernández señaló que Santurbán es un “santuario de vida animal” y aseguró que provee agua para más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.

Según su versión, en menos de dos meses se adoptaron varias decisiones que redujeron las salvaguardas sobre el territorio.

La legisladora hizo referencia a una resolución que, de acuerdo con su denuncia, amparaba la existencia de la reserva hasta 2029 y que fue derogada. “Abelardo es el peor enemigo de los animales. No es casualidad”, afirmó al relacionar ese cambio normativo con una futura solicitud de licencia ambiental para actividades extractivas.

La senadora mencionó a Iris Mining, a la que calificó como una empresa cercana a Abelardo de la Espriella. Aseguró que la compañía tendría previsto pedir el próximo año un permiso ambiental para extraer recursos naturales en el área de Santurbán.

También recordó que en agosto fueron anuladas resoluciones que protegían 1.500 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, un sector que, según expuso, está conectado con el ecosistema paramuno.

Hernández reclamó la convocatoria de una consulta pública para definir la situación de esa zona.

La congresista afirmó que las autoridades tienen plazo hasta el 13 de noviembre para citar ese mecanismo de participación. “Esperamos y exigimos” que se convoque la consulta, expresó, antes de advertir que, si no se produce, promoverán movilizaciones en el territorio y en Bogotá.

Hernández también cuestionó el silencio de otros integrantes del Congreso frente a las medidas que atribuye al Ejecutivo. En ese sentido, manifestó su preocupación por decisiones que, según dijo, buscan resolver asuntos ambientales “a bolígrafo” y sin debate suficiente en el Legislativo.

El senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, planteó que la Resolución 0970 de 2026, expedida durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, había prolongado la protección especial del páramo mientras se adelantaban estudios técnicos sobre su delimitación. Según detalló, esa extensión tenía vigencia hasta 2029.

El legislador sostuvo que la nueva Resolución 1277 del Ministerio de Ambiente revocó aquella disposición. Aclaró que el acto administrativo no equivale a una licencia de explotación aurífera ni implica, por sí mismo, el fin de la protección del páramo.

El senador advirtió sobre un posible escenario de presión sobre líderes sociales que se oponen a proyectos mineros en Santurbán. También vinculó el debate con la situación de los embalses y el riesgo de restricciones en el suministro. “El agua debería ser para el consumo humano”, expresó.

La representante a la Cámara por Santander Yolanda Silva Romero afirmó que, en menos de dos meses, el Gobierno habría dejado sin efecto tres medidas de protección relacionadas con Santurbán.

Según su pronunciamiento, el ministro de Ambiente ad hoc, Indalecio Dangond, firmó la tercera de esas decisiones.

Silva Romero sostuvo que la revocación redujo la vigencia de la reserva temporal, que pasaría de marzo de 2029 a marzo de 2027. Añadió que la discusión comprende más de 75.000 hectáreas, donde nacen microcuencas que abastecen al acueducto del área metropolitana de Bucaramanga.

La representante citó datos atribuidos al Comité Santurbán, según los cuales está en riesgo el abastecimiento de 2,5 millones de personas. También afirmó que monitoreos técnicos hallaron mercurio, plomo, arsénico y cianuro en el río Vetas por encima de los límites permitidos.

“Nuestro oro es el agua”, escribió la congresista al resumir su postura frente a las actividades extractivas en el páramo.

Por último, el senador Kevin Gómez Paz aseguró que la Resolución 1277 eliminó la extensión de la reserva temporal y la relacionó con una eventual reactivación de un proyecto de megaminería archivado en 2020. A diferencia de Hernández, Gómez Paz mencionó a Aris Mining al referirse a la empresa que, según su denuncia, podría beneficiarse de la decisión.

El legislador afirmó que viajará este jueves 1 de octubre de 2026 a Santander para reunirse con organizaciones que defienden el páramo. El objetivo, señaló, será organizar una estrategia conjunta alrededor de la protección del agua y la defensa de la vida.