La Corte Constitucional se pronunció tras los chats que involucran al magistrado Vladimir Fernández en el escándalo de la Ungrd

La Corte Constitucional emitió el miércoles 30 de septiembre un comunicado en respuesta a las publicaciones recientes de diferentes medios de comunicación relacionadas el magistrado Vladimir Fernández, en medio de la difusión de información sobre presuntos chats atribuidos al integrante del alto tribunal y al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López.

En el documento, la corporación hizo énfasis en las garantías que cobijan a sus magistrados y magistradas; además, señaló que, cuando las autoridades competentes los requieran conforme a la ley, deben estar dispuestos a entregar las explicaciones correspondientes.

El pronunciamiento se conoció después de que fueran divulgados contenidos atribuidos a conversaciones entre López y Fernández, en los que aparece mencionado de manera reiterada el entonces presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el contexto suministrado, los mensajes hacen referencia a supuestas gestiones relacionadas con cargos públicos, reuniones, instrucciones y asuntos presupuestales vinculados con la Ungrd.

La Corte resaltó la presunción de inocencia

En su primer punto, la Corte Constitucional sostuvo que sus integrantes están protegidos por la presunción de inocencia y deberán atender los requerimientos de las autoridades cuando corresponda.

“Los magistrados y las magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley, ofreciendo la colaboración institucional solicitada dentro del marco del debido proceso”, señaló el alto tribunal.

Según la información revelada por Cambio, algunos de esos mensajes aludirían a Gustavo Petro mediante expresiones como “el jefe”, “el señor presidente” y “el pre”.

Entre los mensajes citados aparece uno del 7 de diciembre de 2023, cuando Fernández presuntamente le escribió a López: “Ya le conté todo al jefe”. Días después, el entonces secretario jurídico de la Presidencia le habría enviado una resolución del Ministerio de Hacienda relacionada con una asignación de $700.000 millones a la Ungrd.

El material que reposa en el expediente de la Fiscalía General de la Nación también recoge un intercambio del 4 de abril de 2023, relacionado con la designación de López como superintendente de la Economía Solidaria. Después de que se comunicara que existía una orden para revocar el nombramiento, Fernández habría respondido: “El jefe dio la orden por un tema de la súper financiera”.

El alto tribunal defendió la independencia de sus decisiones

Frente al contexto en el que se conocieron las publicaciones, la Corte Constitucional también se refirió directamente a la manera en que se adoptan sus decisiones judiciales. “Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes”, señaló la corporación.

La Corte agregó que sus determinaciones son producto de un proceso de deliberación jurídica desarrollado dentro de la institución. De esta manera, el comunicado diferencia las situaciones personales que puedan involucrar a alguno de sus integrantes del procedimiento mediante el cual se adoptan las decisiones judiciales.

La información divulgada sobre los chats también señala que el contacto entre López y Fernández habría continuado después de la llegada de este último a la Corte Constitucional. En uno de los intercambios posteriores, López habría solicitado orientación al entonces recién posesionado magistrado luego de una decisión de la Contraloría que podía afectar su permanencia al frente de la Ungrd.

Según el material suministrado, Fernández habría planteado hablar posteriormente para “decirle al jefe qué hacemos”. Sin embargo, los mensajes citados no establecen que Gustavo Petro hubiera participado directamente en esas conversaciones o encuentros.

El expediente mencionado en el contexto también contiene referencias a otros episodios relacionados con la Ungrd y los recursos destinados a la entidad. Entre ellos aparecen contratos para carrotanques y jagüeyes en La Guajira, financiados con parte de los recursos asignados, hechos por los cuales varios exfuncionarios enfrentan procesos ante la justicia.

En el segundo punto de su comunicado, la corporación indicó que permanece atenta a las actuaciones de las autoridades competentes y que respetará las determinaciones que estas adopten dentro del ámbito de su autonomía: “La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”.

En su cierre, la corporación afirmó que “mantiene su independencia, la imparcialidad de sus decisiones y la cercanía con los ciudadanos, quienes encuentran en la acción de tutela y en el control abstracto de constitucionalidad la máxima garantía de sus derechos fundamentales”.