La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), por la suma de $60.178.398.000, tras identificar graves inconsistencias en las declaraciones de renta presentadas por la entidad durante los periodos fiscales de 2018 y 2019.
El fallo de imputación emitido por el organismo de control distrital responde al uso indebido de beneficios tributarios de carácter ambiental. Según las investigaciones adelantadas por los auditores, la empresa pública aplicó descuentos impositivos que no contaban con las certificaciones técnicas ni con los soportes legales requeridos para validar su procedencia ante las autoridades fiscales nacionales.
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Debido a la ausencia de la documentación técnica exigida por la ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desconoció las exenciones aplicadas por la compañía de acueducto.
La entidad tributaria rechazó las declaraciones y procedió a imponer cobros coactivos que incluyeron millonarias sanciones económicas junto con el cálculo de intereses moratorios por el no pago oportuno de los tributos.
¿Cuánto tuvo que pagar el Acueducto de Bogotá por sanciones e intereses?
Las determinaciones fiscales de la Dian derivaron en un alto costo financiero para el presupuesto de la capital. Para el año gravable 2018, la autoridad tributaria impuso a la Empresa de Acueducto de Bogotá una multa de $2.483.169.000 y fijó intereses de mora por la suma de $37.894.518.000.
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Por su parte, para la vigencia de 2019, las sanciones impuestas alcanzaron los $1.486.535.000, mientras que los intereses moratorios ascendieron a los $18.314.176.000.
El consolidado de estas multas e intereses cobrados por la administración tributaria nacional generó una afectación directa sobre las arcas de la Eaab que supera los $60.000 millones, situación que llevó al órgano de control distrital a abrir el correspondiente proceso verbal de responsabilidad fiscal contra los funcionarios a cargo de la gestión impositiva.
“Este organismo de control estableció un posible detrimento de $60.178 millones en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por el uso de descuentos tributarios ambientales que no contaban con los soportes requeridos, situación que generó sanciones e intereses por parte de la Dian”, sostuvo el subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Diego Samudio.
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Funcionarios podrán presentar descargos y controvertir las pruebas
Las pesquisas contables concluyeron que los dos funcionarios implicados actuaron con negligencia al momento de estructurar las declaraciones tributarias de la empresa. La omisión en la verificación previa de las certificaciones ambientales requeridas impidió que la compañía distrital pudiera sostener la legalidad de los beneficios ante las auditorías de la Dian.
En consecuencia, el organismo de control resolvió calificar la conducta como culpa grave, al considerar que los implicados descuidaron los deberes esenciales en el manejo y custodia de los dineros públicos, exponiendo a la empresa de servicios a un menoscabo patrimonial evitable.
“A partir de estos hechos generados en las vigencias 2018 y 2019, la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra dos funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Continuaremos con las acciones pertinentes dentro de este proceso para evitar cualquier menoscabo en los recursos del Distrito Capital”, enfatizó Diego Samudio.
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La Contraloría de Bogotá ratificó que el trámite procesal continuará con las etapas legales correspondientes para lograr el resarcimiento completo de los fondos afectados.
De acuerdo con el procedimiento de responsabilidad fiscal, los dos funcionarios imputados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y controvertir el material probatorio antes de que el ente fiscalizador emita un fallo definitivo de primera instancia.
El pronunciamiento del órgano de control busca sentar un precedente sobre la necesidad de aplicar controles estrictos en la gestión tributaria de las entidades descentralizadas de la capital.
La incorrecta aplicación de normas fiscales por parte de los ejecutores del gasto público termina trasladando costos financieros extraordinarios a las empresas que prestan servicios esenciales a los habitantes de Bogotá.
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