Alza del pasaje de TransMilenio a $3.550 en 2026 favoreció a privados, elevó la evasión y presionó al FET, denunció concejala

La concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez denunció ante el Concejo de Bogotá que el aumento del pasaje de TransMilenio en 2026 favoreció las utilidades de los concesionarios privados del Sitp, mientras elevó la carga para los usuarios, impulsó la evasión y podría aumentar las necesidades de recursos públicos para sostener el sistema.

Según la cabildante, “la tarifa pasó de $3.200 a $3.550 en 2026, un incremento de $350 equivalente al 10,94%”. La subida superó el ajuste que, de acuerdo con su planteamiento, habría correspondido a la proyección de inflación de 4,6%, que habría llevado el aumento tarifario.

Sánchez sostuvo que el alza coincidió con una ampliación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que pasó de $3,2 billones en 2025 a $3,3 billones para 2026. Ese fondo recibe transferencias del Distrito para cubrir la brecha entre el costo técnico de operación del sistema y el valor que pagan los pasajeros.

Los concesionarios proyectan utilidades de $331.073 millones

La concejala calculó que los operadores privados de los componentes troncal, zonal, cable y recaudo podrían alcanzar $331.073 millones en utilidades netas durante 2026, si mantienen una rentabilidad neta del 5%. La estimación parte de los estados financieros publicados este año, según los cuales los concesionarios del Sitp obtuvieron al menos $249.257 millones de ganancias netas en 2025.

De acuerdo con Sánchez, la rentabilidad del conjunto de empresas pasó del 4% en 2024 al 5% en 2025. La lideresa destacó dos casos: los concesionarios de la Fase IV habrían registrado ganancias por $165.745 millones, con una rentabilidad del 14%, mientras que el negocio de recaudo obtuvo $72.453 millones, con un margen del 26%.

“¿Quiénes ganan con un transporte público cada vez más caro para la ciudadanía bogotana?”, cuestionó la concejala en su cuenta de X. Para Sánchez, los ajustes tarifarios y las transferencias al FET permiten conservar esos márgenes privados pese a que los usuarios asumen un mayor costo por cada viaje.

La cabildante planteó una alternativa: elevar la tarifa solo $150, en línea con la inflación proyectada, y trasladar a los concesionarios los $200 restantes del aumento aplicado. Bajo esa hipótesis, calculó que las utilidades del sector privado bajarían a $133.934 millones y su rentabilidad sería del 2%.

Las validaciones cayeron y la evasión aumentó en el primer semestre

La denuncia también relaciona el aumento de la tarifa con una reducción de las validaciones —los pasajes adquiridos y usados— y un incremento de la evasión. Entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, las validaciones disminuyeron 0,9%. La caída se amplió a 7,1% entre el primer semestre de 2025 y el de 2026, de acuerdo con las cifras expuestas por Sánchez.

En paralelo, el índice de evasión en el componente troncal subió de 15,19% en el segundo semestre de 2025 a 17,97% en el primer semestre de 2026. La concejala afirmó que la menor demanda y el aumento de pasajeros que ingresan sin pagar pueden reducir el recaudo y elevar la presión sobre el FET, que cubre parte de los costos operativos no financiados con la tarifa.

Sánchez contrastó esos datos con el comportamiento de 2024, cuando el Distrito mantuvo congelado el precio nominal del pasaje. Ese año, las validaciones crecieron 4,6% entre los primeros semestres de 2023 y 2024, y el índice de evasión troncal llegó a 13,14% en el segundo semestre, el nivel más bajo mencionado en su intervención.

El gasto contra la evasión subió mientras persiste el problema

La concejala señaló que el aumento de la evasión ocurrió pese a un mayor gasto en medidas contra los colados. La inversión en esas estrategias pasó de $7.528 millones en 2024 a $48.195 millones en 2025 y a $76.580 millones previstos para 2026.

Dentro de esos recursos, mencionó la contratación de personal preventivo y persuasivo por $142.467 millones durante 2026. Sánchez cuestionó que ese personal haya intervenido físicamente en confrontaciones con personas que evaden el pago, pese a que, según dijo, su función contractual no es represiva.

La concejala vinculó ese escenario con la muerte del guarda Cristian Garzón, ocurrida el viernes 18 de septiembre en medio de una situación de convivencia en una estación de TransMilenio de Terreros, en Soacha. Su posición es que el control de la evasión no debe basarse en más torniquetes ni en convertir las estaciones en espacios de confrontación.

“Este problema de convivencia, inducido por la Administración en las estaciones del sistema, ha ido escalando y cobró su primera víctima fatal el pasado viernes 18 de septiembre: el guarda Cristian Garzón”, precisó desde X la concejala.

Sánchez pidió revisar y renegociar los contratos de concesión para reducir el peso de las utilidades privadas en la estructura tarifaria, fortalecer la operación pública y hacer transparente el cálculo oficial de esas ganancias. También propuso que ese indicador se incluya en las decisiones sobre el precio del pasaje y el presupuesto anual del FET.