Luis Gustavo Moreno denunció presuntas ‘maniobras’ del cartel de la Toga para frenar investigación contra el exgobernador Juan Carlos Abadía

El exfiscal Luis Gustavo Moreno, considerado testigo clave dentro de las investigaciones relacionadas con el llamado “cartel de la toga”, declaró sobre las gestiones que, según su testimonio, se realizaron para intentar desviar o retardar una investigación contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía.

Durante la audiencia del miércoles 30 de septiembre de 2026, Moreno relató que, cuando trabajaba en la oficina del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, recibió una solicitud relacionada con el proceso que adelantaba un fiscal noveno delegado ante el alto tribunal contra Abadía.

Según su declaración, inicialmente se buscaba que se cancelara una imputación que estaba preparada contra el exgobernador. Sin embargo, ante la complejidad del expediente, la estrategia habría cambiado hacia la búsqueda de mecanismos para retardar o desviar la investigación.

El proceso por el contrato de las bibliotecas

El expediente estaba relacionado con un contrato por $1.076 millones celebrado en 2010 entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Fundación Calimio para la dotación de 40 bibliotecas escolares en el departamento.

Moreno señaló que el entonces fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettín, fue contactado para que realizara las actuaciones que estuvieran a su alcance con el propósito de retrasar el avance del caso.

En su declaración, el exfiscal también se refirió a la participación de abogados que estuvieron relacionados con la defensa de Abadía. Al explicar las circunstancias que rodearon el expediente, manifestó:

“El doctor Leonidas acordó asumir la representación en ese caso. No podría decir si asumió la representación de los demás procesos, porque la preocupación era el caso de las bibliotecas. De hecho, si no mal recuerdo, lograron fijar una fecha de interrogatorio. Incluso, el mismo doctor Juan Carlos Abadía me manifestó su inconformidad porque había un abogado, el doctor José Eduardo Saavedra, que lo acompañó y le estaba ayudando a estructurar lo que sería la línea de defensa. El mismo doctor Juan Carlos me dijo: ‘Oiga, Gustavo, hable con el doctor Leonidas, porque este tipo no tiene ni idea de contratación estatal’. Se programó una fecha de interrogatorio, creo que para finales de 2016”.

En ese relato, Moreno hizo referencia a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y al abogado José Eduardo Saavedra. También indicó que se había programado un interrogatorio relacionado con el proceso.

Los honorarios y la intervención en el expediente

De acuerdo con la declaración bajo juramento, inicialmente se habían establecido “honorarios” por $400 millones para realizar las gestiones relacionadas con el fiscal Alfredo Bettín.

Moreno sostuvo que, posteriormente, con la llegada de Leonidas Bustos al caso, la suma habría aumentado a $600 millones. El exfiscal explicó que la estructura desde la cual se realizaban estas gestiones estaba vinculada con la oficina de abogados liderada por Francisco Javier Ricaurte.

Según su testimonio, esa oficina era conocida por las influencias y presiones que podía ejercer en sectores de la administración de justicia. En ese contexto, señaló al exgobernador del Valle del Cauca como uno de los clientes que habría buscado este tipo de intervención.

La declaración de Moreno se produjo en el juicio que se adelanta contra Juan Carlos Abadía por el delito de cohecho por dar u ofrecer. El exfiscal es el último testigo presentado por la Fiscalía dentro de este proceso, según la información suministrada para la audiencia.

Moreno también afirmó que las gestiones para frenar el avance del proceso se vieron afectadas con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General. Según su versión, desde la delegada ante la Corte Suprema se impartieron instrucciones para acelerar las imputaciones contra aforados constitucionales vinculados con investigaciones por corrupción, entre ellos Abadía.

Sobre el ‘cartel de la toga’

El llamado “cartel de la toga” se hizo público en 2017, después de la captura de Luis Gustavo Moreno, quien entonces estaba al frente de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. La investigación tuvo origen, entre otros elementos, en una operación de la justicia de Estados Unidos relacionada con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.

Moreno fue condenado en marzo de 2018 por la Corte Suprema de Justicia a 4 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, en un proceso relacionado con el cobro de dinero a Lyons y la entrega de información reservada.

Posteriormente, Moreno se convirtió en testigo y colaborador de la Fiscalía en investigaciones derivadas del escándalo. Sus declaraciones involucraron a funcionarios, exmagistrados, congresistas y abogados, aunque no todas las acusaciones terminaron en condenas.

Dentro de las investigaciones fueron señalados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte, Gustavo Malo y José Leonidas Bustos. La Corte Suprema confirmó posteriormente las condenas contra Ricaurte y Malo: el primero recibió una pena de 16 años y 5 meses de prisión y el segundo fue condenado a 9 años por hechos relacionados con el entramado de corrupción.

El caso de Abadía también volvió a la agenda pública en septiembre de 2026, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía hacia la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde debía continuar cumpliendo una condena de 21 años relacionada con el contrato de las bibliotecas.

El mandatario afirmó que Abadía había “simulado un episodio cardíaco” cuando conoció la decisión de trasladarlo a un establecimiento penitenciario ordinario. Antes del traslado, el exgobernador había recibido atención en una unidad de salud mental de Cali bajo custodia del Inpec.