Gobierno impone duras condiciones al plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos: “No es para experimentar”

La discusión sobre la eventual aspersión aérea de cultivos ilícitos tiene una condición que el Gobierno nacional considera ineludible: ningún procedimiento podrá comenzar si antes no se demuestra que fueron cumplidos los requisitos fijados por la Corte Constitucional, los estándares internacionales y la Resolución 007.

Así lo señaló el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El funcionario explicó que las condiciones previstas en la normativa deben ser verificadas antes de que se produzca el inicio material del plan piloto: “Cada uno tiene que ser comprobado con precisión. Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”.

El proceso, según explicó Cancino, involucra a varias entidades estatales, entre ellas el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. También se sostienen conversaciones con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las competencias de cada organismo.

Protección a la población y evaluación química

Otro de los puntos planteados por el ministro de Justicia fue la necesidad de mantener una evaluación permanente y un control independiente sobre el eventual desarrollo del piloto. Algunos aspectos del proceso, agregó, permanecen bajo reserva, una situación que el propio Gobierno al cuestionar.

La postura expuesta por Cancino se da mientras las autoridades contemplan distintas vías para enfrentar los cultivos ilícitos. La estrategia no dependería exclusivamente de aeronaves tripuladas, ya que el Gobierno nacional mantiene sobre la mesa la erradicación manual y estudia el uso de drones.

El ministro sostuvo que la lucha contra los cultivos ilícitos debe continuar como una acción directa frente al narcotráfico y fenómenos relacionados, entre ellos el reclutamiento, el desplazamiento, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos: “Voy a acatar la ley y las recomendaciones internacionales, pero vamos a enfrentar a los grupos que se aprovechan de los campesinos para estos cultivos”.

Durante su intervención también respondió a las inquietudes sobre los posibles efectos de los componentes químicos en la salud de los campesinos. Cancino explicó que el propósito del programa es evaluar el comportamiento del componente aplicado sobre los cultivos y determinar si efectivamente logra erradicarlos.

“Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa”, afirmó Cancino.

Según el funcionario, la población deberá estar protegida y mantenerse alejada durante los procedimientos. La evaluación, insistió, busca establecer qué efecto tiene el componente químico sobre la planta y si cumple con el objetivo de erradicación, no estudiar sus efectos sobre las personas.

Una estrategia integral: drones y sustitución de cultivos

La estrategia terrestre también ocupa un lugar dentro de los planes anunciados por el Gobierno. Cancino aseguró que el uso de aeronaves no será la única alternativa y mencionó tanto la erradicación manual como la posibilidad de emplear drones en estas labores.

“Yo quiero que al país le quede claro que, a la par de la permanente búsqueda de eliminar cultivos ilícitos por medio aéreo, sin afectar a la población, con todas las precauciones, con todos los requisitos, también va a seguir el plan terrestre y eso incluye, por supuesto, los drones, pero también ocupándonos de programas de sustitución de cultivos, para que la gente no piense que solo es erradicar por erradicar, sino con soluciones sociales”, agregó Cancino.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, las diferentes herramientas deberán aplicarse según las condiciones de cada territorio y dentro de los requisitos establecidos para su ejecución. La eventual puesta en marcha del piloto aéreo, por tanto, queda condicionada a la comprobación de cada una de las exigencias señaladas.

El Gobierno contempla así una estrategia que combina la posibilidad de realizar un piloto aéreo con otras formas de erradicación. En todos los casos, la aplicación de estas medidas deberá responder a las condiciones previstas para cada procedimiento.