Gobierno radicó proyecto de ley por $1,2 billones para afrontar la crisis energética del Caribe: en qué consiste

El Gobierno nacional radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, que plantea trasladar $1,2 billones para atender las necesidades del sistema eléctrico de la costa Caribe ante el impacto previsto por el fenómeno de El Niño.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el martes 29 de septiembre de 2026, que los recursos pasarían del Presupuesto General de la Nación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de pagar obligaciones de Air-e con generadores de energía, en especial las plantas térmicas.

“El día viernes (25 de septiembre de 2026) nosotros radicamos con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401, que tiene como objeto canalizar, a través de un traslado presupuestal, la cifra de $1,2 billones para atender las necesidades del sistema eléctrico de la costa Caribe”, afirmó el ministro.

Según la información de la cartera, “el sistema eléctrico de la Costa Caribe atraviesa un momento de estrés, y el recurso tiene un único propósito: ayudar en esta coyuntura y atender temporalmente las obligaciones de la compañía”.

Los recursos se destinarían a los acreedores de Air-e

La iniciativa no aumentaría el monto total del Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto propone trasladar $750.000 millones desde una partida de inversión del Ministerio de Hacienda destinada al transporte público de pasajeros y otros $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía.

Este último componente provendría, de acuerdo con las declaraciones del alto funcionario, de recursos previstos para subsidios de energía, aunque el Gobierno sostuvo que el ajuste no afectaría los pagos para usuarios de los estratos 1, 2 y 3 durante 2026.

El dinero sería incorporado al presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que administra el Fondo Empresarial. Según la propuesta, los recursos no entrarían a la libre disposición de Air-e, sino que se girarían directamente a generadores y demás acreedores del mercado eléctrico, de acuerdo con las obligaciones liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC).

De hecho, Gómez Martínez calificó el traslado como una solución de corto plazo para la crisis financiera de la empresa intervenida: “Esa plata son otros pañitos de agua tibia, pero es mucho dinero para la nación y sobre todo para la nación en este momento”.

El jefe de la cartera de Hacienda añadió que el trámite legislativo debe avanzar con rapidez para mantener el flujo de recursos en medio del fenómeno climático: “Necesitamos con urgencia que ese proyecto haga tránsito aquí, porque es la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras pasa este problema muy serio del fenómeno de El Niño”.

La deuda de Air-e con las térmicas superó $1,7 billones en julio

El proyecto tiene en cuenta, por su parte, que la crisis de liquidez de Air-e puede afectar la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

La compañía presta el servicio a cerca de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y representa el 11,1% de la demanda nacional de energía. Cada mes requiere alrededor de $430.000 millones para comprar energía y debe transferir cerca de $41.000 millones por el uso del Sistema de Transmisión Nacional, de acuerdo con la información de la ley 401.

De acuerdo con la exposición de motivos, las obligaciones de Air-e con las plantas térmicas superaron $1,7 billones en julio de 2026 y aumentaban a un ritmo superior a $100.000 millones mensuales. Con corte al 21 de agosto, las obligaciones del sistema eléctrico ascendían a $4,06 billones, de los cuales el 57,6% correspondía a empresas generadoras.

No obstante, el ministro aseguró que no se trata de que los responsables por las millonarias deudas no asuman. De hecho, reiteró que “este Gobierno va a exigir que quienes malversaron los recursos de esa compañía, que quienes con sus contactos políticos se hicieron a esos recursos, sean investigados y castigados por la justicia”.