El Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto de 24 artículos orientado a regular el derecho a la protesta y precisar la intervención de la Policía Nacional ante hechos de violencia, semanas después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmara que no iba tolerar desmanes dentro de las universidades públicas.
La iniciativa busca actualizar la actuación estatal frente a las manifestaciones mediante prevención, diálogo, coordinación entre instituciones y protección de derechos. Al mismo tiempo, fija criterios para que las autoridades intervengan cuando se afecte el orden público o a terceros.
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El decreto 003 de 2021 había establecido lineamientos para la acción de la fuerza pública, pero el Ministerio del Interior sostiene que no resolvió aspectos vinculados con la continuidad de servicios fundamentales y el abastecimiento durante los bloqueos.
Diálogo colectivo y actuaciones individuales contra hechos violentos
El proyecto establece que el diálogo y la mediación serán mecanismos prioritarios frente a una manifestación, pero no impedirán actuaciones individuales contra quienes cometan actos violentos. La regla de privilegiar esos recursos “constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
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La Policía Nacional podrá emplear la fuerza cuando detecte porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. La medida también contempla la retención de personas contra su voluntad y las agresiones contra civiles ajenos a la protesta, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o misiones periodísticas.
El texto prevé que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo mantengan un canal de comunicación durante toda la jornada de movilización. Esa obligación se considerará cumplida con el despliegue de esos equipos hacia la protesta en su conjunto, mientras las autoridades pueden actuar simultáneamente contra quienes ejecuten las conductas señaladas.
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La propuesta dispone que la fuerza podrá utilizarse sin demoras injustificadas para prevenir, contener y detener delitos o actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar bienes y restablecer condiciones de seguridad y convivencia. El uso de la fuerza deberá ajustarse a los principios que lo regulan, mientras el diálogo continuará con quienes participen pacíficamente.
El Gobierno nacional plantea además que la mediación puede reanudarse incluso después de una intervención policial. Uno de los artículos señala: “El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación”.
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Más protestas, bloqueos y reclamos por el sistema de salud
Los eventos de protesta y conflicto manifiesto pasaron de 1.427 en 2022 a 2.046 en 2023, luego a 3.832 en 2024 y a 4.039 en 2025, de acuerdo con el Informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, citado por el Ministerio del Interior.
La conflictividad se registró en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá D. C. El bloqueo o corte de ruta fue el mecanismo más frecuente, con 41% de los casos.
La región Caribe concentró 31% de esos episodios, seguida por la Andina, con 30%; la Pacífica, con 14%; la Orinoquía, con 9%; y la Amazonía, con 3%. Los reclamos también se extendieron a nuevos sectores: las protestas de usuarios del sistema de salud crecieron 121%, desde 107 eventos en 2024 hasta 236 en 2025.
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La cartera encabezada por Rodrigo Lara considera que el decreto vigente no definió qué autoridad debe responder ante los bloqueos, ni estableció plazos de actuación o criterios para distinguir entre una interrupción que afecta el abastecimiento, la atención sanitaria o el paso de misiones médicas y aquella que persigue otro objetivo.
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