Abogado de Wadith Manzur, congresista implicado en el caso Ungrd, se quejó ante organismo internacional porque no se ha podido posesionar como senador: “Le fueron negadas todas las alternativas”

Sigue la polémica por la eventual posesión de Wadith Manzur como senador de la república para el periodo 2026 - 2030, pese a que permanece detenido por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en la administración de Gustavo Petro.

El dirigente político del Partido Conservador, que había sido elegido con más de 130.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo, fue detenido tres días después de los comicios, mediante orden expedida por la Corte Suprema de Justicia. Aunque inicialmente se encontraba recluido en la Estación de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, finalmente fue movido hacia la Cárcel La Picota.

Durante su proceso ante la justicia, el parlamentario no logró posesionarse el 20 de julio, día de la instalación del nuevo periodo legislativo. Incluso, desde su equipo jurídico aseguran que le ha sido vulnerado su derecho y que ahora podría enfrentar la pérdida de su investidura, es decir, que no ocuparía su curul en el Senado.

En este sentido, el abogado Víctor Mosquera, representante jurídico de Wadith Manzur, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) para que el Congreso pueda responder a las razones por las que Manzur no ha sido posesionado en su cargo como senador de la república.

El jurista, en declaraciones citadas por Semana, afirmó que su cliente fue privado de la libertad preventivamente y que, pese a estar bajo custodia estatal, aún no ha prestado juramento. “Estando bajo custodia del Estado, le fueron negadas todas las alternativas propuestas para prestar juramento y posesionarse como Senador de la República”, indicó Mosquera al citado medio de comunicación.

La defensa también sostiene que el senador electo no tiene una condena vigente y que la presunción de inocencia protege sus derechos políticos. “Hoy enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado que podría despojarlo de su mandato y de sus derechos políticos, y privar a sus electores de la representación que eligieron en las urnas”, explicó.

El abogado indicó que continuará recurriendo a autoridades nacionales e internacionales para defender el mandato obtenido en las urnas y los derechos políticos de Manzur.

Ante la petición, el organismo internacional solicitó, a través del Congreso de la República, información a la Corte Suprema, al propio Legislativo y al Consejo de Estado sobre las razones por las que no se le permitió jurar y tomar posesión. Por el momento, desde el legislativo no se ha brindado dicha información al comité.

Niegan libertad de Wadith Manzur

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia negó, el 29 de septiembre de 2026, la solicitud de libertad del congresista Wadith Manzur, presentada por su equipo de defensa, por lo que seguirá detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La Sala Especial de Primera Instancia resolvió el caso mediante una ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa. Los abogados del excongresista pretendían que el tribunal revisara la legalidad formal y material de la detención ordenada por la Sala Especial de Instrucción.

Uno de los argumentos centrales de Manzur se apoyaba en una decisión de julio de 2025, cuando la Corte había resuelto no imponerle una medida de aseguramiento. La defensa consideró que esa determinación debía conservarse y que no podía modificarse en una etapa posterior.

El alto tribunal respondió que la situación jurídica de una persona puede ser objeto de una nueva revisión cuando el proceso avanza hacia otra fase. Con ese criterio, validó la decisión que ordenó su captura y posterior reclusión.

Los abogados también sostuvieron que la nueva medida tomó por sorpresa al excongresista y vulneró sus derechos. La Corte no encontró afectaciones a esas garantías ni un error grave que dejara sin sustento la decisión de enviarlo a un establecimiento carcelario.

La medida adoptada en marzo tuvo en cuenta el riesgo que Manzur podía representar para el proceso, así como la necesidad de proteger pruebas y testimonios. En su análisis, el tribunal mencionó el contacto del investigado con la testigo Alejandra Benavides Soto.

La detención de Wadith Manzur se inscribe en la investigación que adelanta la Corte Suprema por hechos ocurridos durante 2023, cuando el entonces congresista integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El proceso está relacionado con presuntos actos de corrupción en la Ungrd.

Según la investigación, Manzur habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favores que interesaban a esa cartera. La alta corte también examina posibles acuerdos para impulsar contratos y obras de interventoría en tres proyectos de la Ungrd ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad contra el excongresista.