
El Pacto Histórico defendió la reforma pensional aprobada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y afirmó que pretenden “criminalizar mediáticamente” un trámite que describió como legal, político, democrático y público.
La colectividad, que está en la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, sostuvo que la iniciativa pertenece al pueblo colombiano y rechazó que el debate alrededor de su aprobación se convierta en sospecha.
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“La Reforma Pensional es del pueblo colombiano”, publicó el partido en X. En ese mensaje afirmó que la iniciativa “fue debatida ampliamente, superó todas las trabas de la oposición, fue aprobada por el Congreso y finalmente ratificada en su gran mayoría por la Corte Constitucional”.

El pronunciamiento estuvo acompañado por un comunicado del Pacto Histórico. Allí definieron la reforma como “una conquista de la gente” y como una de las transformaciones sociales promovidas durante la administración de Petro.
“La Reforma Pensional es una conquista de la gente y una de las principales transformaciones sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Amplía la protección social y garantiza una vejez digna para millones de colombianos”, expresaron en el documento.
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El texto no identifica a personas, partidos ni sectores específicos a los que atribuye los intentos de deslegitimar la iniciativa. “Hoy pretenden deslegitimarla y arrebatársela a la gente”, señaló el comunicado.
La colectividad detalló las actuaciones que, de acuerdo con su versión, hicieron parte de la discusión legislativa. El partido mencionó 15 sesiones de plenaria, dos ponencias de archivo, una ponencia alternativa, cuatro sesiones de impedimentos y una audiencia pública.
Además, indicó que varias sesiones se levantaron por falta de cuórum. El comunicado atribuyó a la entonces oposición la utilización de distintos mecanismos para retrasar el debate y sostuvo que esos hechos quedaron consignados en registros del Congreso y en publicaciones de prensa.
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La bancada afirmó que trabajó durante meses con el Gobierno y el Ministerio del Trabajo para lograr acuerdos alrededor del proyecto. También señaló que las distintas bancadas tuvieron garantías para intervenir, presentar propuestas y votar el articulado.
“El texto aprobado fue resultado del diálogo y la concertación entre diferentes fuerzas políticas”, sostuvo el Pacto Histórico. La colectividad defendió que la discusión y las decisiones sobre la reforma ocurrieron en espacios públicos del Legislativo.
El partido también respaldó a la senadora María José Pizarro, quien ejerció como primera vicepresidenta del Senado durante el trámite de la reforma. El comunicado afirmó que la congresista cumplió las funciones propias de su cargo y que su actuación está documentada.
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“Su actuación fue pública y está respaldada por las actas y registros oficiales”, indicó el texto. El Pacto Histórico añadió que defender la iniciativa hacía parte de su mandato como congresista y de sus convicciones políticas.
La organización cuestionó que los desacuerdos surgidos durante la discusión parlamentaria puedan ser llevados a instancias judiciales. “Pretender judicializar el debate político y las diferencias ideológicas propias del Congreso es contrario a la democracia”, afirmó.
En su publicación en X, la colectividad formuló una crítica en términos similares: “Pretenden criminalizar mediáticamente y convertir en sospecha lo que fue un debate legal, político, democrático y público”.
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Paloma Valencia pidió esclarecer posibles vínculos con el caso Ungrd
Las declaraciones de la vocera política del Centro Democrático forman parte del contexto público de los cuestionamientos sobre la reforma pensional y el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Valencia solicitó que las autoridades esclarezcan posibles conexiones entre las revelaciones de ese expediente y la aprobación de la iniciativa. La dirigente se refirió al principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
“El crimen no se puede convertir en una ley. Lo que estamos viendo con la reforma pensional y la Unidad de Riesgo no solamente se refiere a la compra del Congreso de la República con los recursos de los colombianos y de las emergencias, sino también a una presunta vinculación de la Corte Constitucional”, afirmó Valencia.
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La dirigente sostuvo que las autoridades deben verificar los elementos que, según señaló, López habría puesto a disposición de la justicia. “Ojo, pues, porque Olmedo López, que es la ficha clave de la Unidad de Riesgo, está presentando un principio de oportunidad donde muestra no solamente la entrega de dineros presuntamente a muchos congresistas, sino los mensajes con un magistrado de la Corte Constitucional”, declaró.
Valencia pidió establecer responsabilidades si las investigaciones determinan que existieron irregularidades. El Pacto Histórico cerró su pronunciamiento con una advertencia: “Colombia debe estar alerta. La Reforma es de la gente y no se la van a arrebatar”.
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