La extracción ilegal de arena continuó en una cantera rural de Chocontá, Cundinamarca, pese a que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) había negado la renovación de su licencia ambiental y ordenado el cierre de la mina.
El incumplimiento derivó en un operativo dentro de la cuenca alta del río Bogotá, donde dos personas fueron capturadas en flagrancia mientras se realizaban labores de minería a cielo abierto en un sector de bosque altoandino.
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La intervención reunió a la CAR, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Los equipos llegaron hasta el predio luego de detectar que la explotación de materiales de construcción seguía activa sin autorización ambiental.
La cantera ya era objeto de actuaciones administrativas por parte de la autoridad ambiental. Sus propietarios habían pedido renovar el permiso, pero la entidad rechazó el trámite tras identificar afectaciones asociadas con una explotación intensiva y antitécnica de los recursos naturales.
La CAR ordenó entonces un plan de cierre para reconformar el terreno, darle estabilidad al suelo y prevenir posibles fenómenos de remoción en masa. Según la entidad, esas medidas no fueron acatadas y la actividad extractiva siguió en el lugar.
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La maquinaria dejó expuestas las raíces de árboles en el bosque altoandino
En el predio, las autoridades hallaron maquinaria pesada destinada a remover arena. Las imágenes obtenidas con drones especializados mostraron marcas profundas sobre el terreno y zonas intervenidas por los equipos de extracción.
Según la CAR, las máquinas retiraban cada día cientos de metros cúbicos de material. La remoción del suelo dejó expuestas las raíces de árboles que todavía permanecían en pie dentro del área afectada.
La actividad ocurrió en un ecosistema de bosque altoandino y en una zona vinculada a la cuenca alta del río Bogotá. La autoridad ambiental sostuvo que la alteración del suelo puede extender sus efectos a otros recursos naturales. “Cualquier actividad que ponga en riesgo el recurso suelo, genera impactos sobre los demás recursos naturales”, afirmó Bryan Guillermo Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR.
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Martínez relacionó ese riesgo con la intensificación del fenómeno de El Niño. El funcionario indicó que la intervención minera comprometía las condiciones necesarias para preservar el terreno.
El subdirector explicó que el cierre buscaba recuperar la estabilidad de la zona y disminuir la posibilidad de deslizamientos. La orden respondió a los daños que, de acuerdo con la entidad, dejó la explotación desarrollada en el predio.
Bryan Guillermo Martínez relacionó el daño sobre el suelo con posibles efectos sobre otros recursos naturales durante la intensificación del fenómeno de El Niño. “En la actualidad estamos transitando hacia la intensificación del fenómeno de El Niño por lo cual, cualquier actividad que ponga en riesgo el recurso suelo, genera impactos sobre los demás recursos naturales”, señaló Martínez.
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El funcionario explicó que la medida de cierre tenía como propósito recuperar las condiciones de estabilidad del sector intervenido. La orden también apuntaba a reducir el riesgo de deslizamientos derivados de la explotación minera.
La CAR advirtió que el deterioro del suelo no se limita al área removida por la maquinaria. La pérdida de cobertura y la modificación de la superficie pueden afectar la estabilidad del terreno, especialmente en zonas con pendientes y cercanas a fuentes hídricas.
El operativo permitió constatar que la actividad extractiva persistía pese a las decisiones previas de la entidad ambiental. Ese incumplimiento será evaluado dentro de los procesos administrativos que siguen en curso.
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Al terminar la diligencia, los uniformados formalizaron la captura de dos personas que estaban en la cantera. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.
La CAR advirtió que el desacato de las medidas ambientales y la continuidad de la extracción sin permiso pueden ser circunstancias agravantes al momento de definir las multas y demás sanciones contra los responsables. El caso quedó bajo revisión de las autoridades ambientales y judiciales, mientras continúa la evaluación de los daños causados al suelo por la operación ilegal.
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