Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos de Ibagué fueron condenados por torturar a menores de edad: “Los amarraban de las extremidades”

Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos, de Ibagué, Tolima, fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué por hechos de tortura que se presentaron en la organización, que atendía a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad. Los hechos se presentaron entre 2016 y 2017 en las instalaciones de la fundación.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, las personas condenadas son:

1. Johanna Dignore Rodríguez Olaya, directora y representante legal de la fundación.
2. Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, psicóloga.
3. Edison Jaber Calderón Espitia, auxiliar de enfermería.
4. Paola Andrea Tique Vera, auxiliar de enfermería.
5. Claudia Maritza Flórez Medina, auxiliar de enfermería.
6. Claudia Lorena Pedraza Henao, auxiliar de enfermería.
7. Paula Andrea Patiño Buitrago, auxiliar de enfermería.

Estas personas fueron halladas responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir (de acuerdo con sus actuaciones individuales), ambas conductas agravadas, según informó el medio. Esta condena surgió casi 10 años después de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación en contra de Rodríguez Olaya, Salcedo Cartagena y otros ocho exfuncionarios de la organización.

El documento fue presentado formalmente en enero de 2018. En él, el ente acusador señaló a los procesados como presuntos responsables de los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.

Con la condena, se acreditó que los exfuncionarios aplicaron tratamientos inadecuados a los menores de edad que atendían en la fundación, con los que les ocasionaban dolor físico. De igual manera, sometían a los niños a tratos crueles y denigrantes.

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez especializado de conocimiento condenara a las penas entre 15 y 17 años de prisión a siete exempleados, responsables de causar sufrimientos físicos y psicológicos a nueve menores de edad, que estaban internados en una institución especializada en atención de personas con discapacidad mental o psicosocial, que eran remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”, informó la Fiscalía, citada por el informativo.

En agosto de 2018, Ángel Duván Serna Molina, que trabajada en la organización, fue condenado a la pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión por el delito de tortura agravada en concurso homogéneo. La justicia lo halló culpable de toruturar a por lo menos 11 víctimas menores de edad en la fundación. Por medio de un comunicado emitido en ese momento, la Fiscalía reveló detalles de los episodios de violencia a los que fueron sometidos los pacientes.

“Los amarraban de las extremidades a las camas o las sillas con extensas telas y les ocasionaban gran dolor físico porque desobedecían a sus órdenes o supuestamente tenían comportamientos inapropiados”, precisó la Fiscalía en la comunicación oficial.

Icbf celebró condena de los siete exempleados de la Fundación Peces Vivos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) celebró la condena impuesta por el juzgado contra los exfuncionarios de la organización. En el proceso penal que se adelantó, el Icbf intervino en calidad de víctima y solicitó sentencia condenatoria.

Con las pruebas que presentó (videos, registros internos de la fundación, declaraciones de familiares y comunicaciones legalmente interceptadas), se pudo determinar que las inmovilizaciones a las que fueron sometidas las víctimas no correspondían a medidas terapéuticas legítimas. “Eran actos de sometimiento incompatibles con la obligación de cuidado asumida por el operador”, detalló el Icbf en un comunicado.

“La contratación de un servicio de atención especializada imponía a sus directivos y trabajadores un especial deber de protección. La sentencia, de primera instancia, admite recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué”, precisó el Icbf en la comunicación oficial.