Frente a la falta de decisión por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó a la ministra de Educación, Ilva Miryam, abordar de manera inmediata el proceso.
“Ministra Ilva Miryam, ministra de Educación, la Universidad de Pamplona exige vigilancia inmediata”, escribió en su cuenta de X.
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El líder del movimiento Defensores de la Patria recordó que “hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno”.
A la par, dijo que “el Consejo de Estado anuló la elección del anterior rector y el Estatuto obliga al CSU a iniciar de inmediato el proceso para designar Rector titular: que se haga en términos y con transparencia; mientras tanto, ejerza la función de inspección y vigilancia”.
En su criterio, “las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, expuso De la Espriella.
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La polémica detrás de la Universidad de Pamplona
La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, con el que el Consejo Superior Universitario había designado a Ivaldo Torres. El tribunal revocó la decisión de primera instancia y determinó que el exrector no podía ser elegido para un tercer periodo consecutivo, pues los estatutos solo autorizaban una reelección.
El proceso judicial incluyó cuestionamientos por el límite a la reelección, el procedimiento de elección, las condiciones de participación y una eventual desviación de poder. La Procuraduría General de la Nación también examinó los reparos sobre la elección y la presunta desviación de poder.
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La Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona afirmó que los antecedentes de la elección anulada adquieren relevancia ante la reunión convocada para definir el nuevo proceso. La organización señaló que presentó ante el Consejo de Estado documentos sobre vinculaciones laborales o contractuales de familiares de algunos consejeros.
La Veeduría cuestionó vinculaciones de familiares de consejeros y directivos
Uno de los casos expuestos corresponde a José Antonio Gélvez, representante de los egresados en el CSU desde 2018 durante la administración de Torres. Según el escrito de coadyuvancia presentado en el proceso de nulidad electoral, tres de sus hijos fueron vinculados laboral o contractualmente con la universidad.
La organización relacionó esas contrataciones con el respaldo que, según su versión, Gélvez entregó a Torres en la elección de 2024. Entre los casos mencionados figura Diana Alexandra Gélvez, quien fue contratada como profesora ocasional del Departamento de Educación Física y recreacionista de Bienestar Universitario, antes de ingresar como docente de planta.
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La Veeduría también incluyó a Gilmar Antonio Gélvez, otro hijo del representante de los egresados, como parte de los elementos que considera necesarios de examinar. El documento no precisa en el texto divulgado las condiciones de su vinculación.
La denuncia se extendió a Yeimar Antonio Santiago Guevara, hermano de José del Carmen Santiago Guevara, representante de los profesores ante el CSU. De acuerdo con la organización, Yeimar Antonio fue incorporado a la planta docente y su hermano participó en la reelección de Torres.
También fue mencionada Angela Villamizar, sobrina de la rectora encargada Laura Villamizar. La Veeduría indicó que la mujer ingresó a la planta docente, mientras que la rectora encargada debe expedir la convocatoria para la próxima elección de rector.
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La organización planteó que estas circunstancias podrían constituir eventuales conflictos de intereses y citó el artículo 126 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019, que regula actuaciones frente a incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses.
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