El expresidente de Colombia Gustavo Petro expresó su postura sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el proceso de paz en el país. Durante la intervención, Petro aborda la importancia de la verdad y el papel de las instituciones judiciales en la reconciliación - crédito @petrogustavo/X
Las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que contempla un recorte de $170.000.000.000 para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La reducción, planteada en medio de restricciones fiscales, llevó al magistrado Raúl Sánchez a advertir que la entidad podría quedar sometida a una situación de quiebra.
El proyecto presupuestal asciende a $634,9 billones y distribuye los recursos entre $392,5 billones para funcionamiento, $155,4 billones para el servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión. La votación conjunta registró 56 apoyos y 11 rechazos durante la jornada legislativa.
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La reducción para la JEP incluye $30.000.000.000 menos para gastos de funcionamiento y $140.000.000.000 menos para inversión. De los recursos retirados a la jurisdicción, $100.000.000.000 serán destinados al fortalecimiento de la justicia ordinaria.
El expresidente de la República Gustavo Petro defendió a la Jurisdicción Especial para la Paz tras la aprobación en el Congreso de un recorte presupuestal, señalando que el futuro de Colombia depende del esclarecimiento de los hechos del conflicto armado. Conforme a su criterio, “no podemos reconciliarnos si no hay verdad”.
Petro planteó que la JEP debe ocupar un lugar central en los procesos de reparación y paz. “La Justicia Especial para la Paz debe ser el máximo tribunal de la verdad de los conflictos armados colombianos”, expresó en X.
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A su vez, pidió respaldo político para la institución y señaló que “Colombia necesita mayorías para defender la verdad”. En efecto afirmó que la violencia debe abordarse de manera integral, pues afecta a toda la sociedad.
El líder de la oposición vinculó los cuestionamientos a la JEP con intereses para impedir el conocimiento de hechos registrados durante la confrontación armada. “Todo el que atenta contra la JEP está pensando en que se tape la verdad”, dijo.
Bajo la misma línea, sostuvo que ocultar esos hechos puede prolongar los enfrentamientos entre generaciones. “Lo que estoy pregonando es que siga la posibilidad de la paz en Colombia, la esperanza de la paz”, afirmó.
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En su intervención, Petro aseguró que la defensa de la verdad, la justicia y las cortes forma parte de su propuesta política. “Hay que preservar la JEP, la verdad y la esperanza en la verdad y en la paz”, concluyó.
Por su parte, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, advirtió el 24 de septiembre de 2026 desde Pitalito que el recorte de $170.000.000.000 aprobado en primer debate para el sistema del que hace parte el tribunal podría dejarlo sin capacidad operativa y afectar los procesos de víctimas y comparecientes del Acuerdo de Paz de 2016.
El magistrado reconoció las dificultades fiscales del Estado colombiano, pero cuestionó la magnitud del nuevo ajuste. “Nosotros somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero también ya en la propuesta inicial nos habían hecho una reducción, pero con esa reducción de $ 170.000 millones que aprobaron ayer, realmente nos dejan inoperantes”, afirmó.
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El dirigente de la JEP sostuvo que las decisiones judiciales del tribunal continúan en ejecución pese a las restricciones económicas. “Las sentencias se vienen cumpliendo” y “se seguirán cumpliendo”, expresó durante su visita al departamento de Huila.
Ramelli convocó al Congreso de la República y al Gobierno nacional a revisar la medida mediante un diálogo institucional. “Yo invito al Congreso de la República, al Gobierno nacional, a que reflexionemos. Nosotros siempre hemos sido una jurisdicción abierta al diálogo, al escrutinio. Nosotros podemos dar explicación de todo lo que ustedes nos quieran pedir. Y tienen todo el derecho”, dijo.
La discusión, insistió, debe centrarse en quienes intervienen en los expedientes de la jurisdicción. “El debate es: ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué va a pasar con los comparecientes?”, planteó el magistrado, que seguirá atento a la decisión de las plenarias legislativas sobre el presupuesto.
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