Gobierno Petro habría presentado multimillonarias irregularidades en las cuentas fiscales, según informe de la Contraloría ante el Congreso

La Contraloría General de la República presentó el miércoles 23 de septiembre de 2026 ante el Congreso tres reportes sobre las finanzas estatales de 2025, con errores contables en entidades como Ecopetrol y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un hallazgo disciplinario contra el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y una calificación “No Razonable” sobre la ejecución del presupuesto nacional.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas, expuso las conclusiones ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. El balance abarca la transparencia de los registros estatales, la sostenibilidad de la deuda y los resultados de la inversión pública.

La deuda bruta total del país cerró ese año en $1.273,51 billones, equivalentes al 68,7% del Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno nacional concentró más del 83% de ese monto, con $1.060,41 billones, mientras que la deuda interna representó el 65,6% y la externa, el 34,4%.

Las operaciones de manejo de esa deuda derivaron en un hallazgo disciplinario contra Ávila. El órgano de control determinó que las transacciones realizadas durante su gestión tuvieron un costo financiero superior al previsto.

Inconsistencias contables en entidades estatales

La auditoría revisó el 93,36% de los activos del país mediante una consolidación de 356 entidades, incluido el Sistema General de Regalías. El resultado fue una opinión con salvedades sobre el Balance General de la Nación correspondiente a 2025.

Las fallas se relacionaron con el reconocimiento contable, la gestión de cartera y las provisiones. Las inconsistencias más graves sumaron $22,4 billones y se concentraron en la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dian y Ecopetrol.

El Sistema General de Regalías, que registró activos por $61,6 billones, también recibió una opinión con salvedades. Su control interno fue calificado “con deficiencias”.

Reservas presupuestales y mayor dependencia del crédito

La ejecución del presupuesto nacional recibió la calificación más grave tras detectarse inconsistencias por $43,85 billones en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. Los hallazgos incluyeron problemas en el manejo de reservas presupuestales, registros inadecuados de obligaciones y omisiones de operaciones.

Durante 2025, las finanzas públicas estuvieron afectadas por ingresos inferiores a los proyectados, una mayor dependencia del crédito y rezagos en la inversión estatal. Estos factores fueron incorporados en las conclusiones que Lindo llevará ante los representantes.

Contraloría declaró de impacto nacional los millonarios giros identificados en la Fiduprevisora: se hicieron durante el Gobierno Petro

La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora durante las últimas cinco semanas del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, entre ellos pagos a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por más de $4,4 billones sin soportes ni pruebas. La medida habilita una investigación formal de control fiscal, que estará a cargo de la Unidad Anticorrupción.

La decisión también abarca diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos vinculados con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, conocido como Fonpet.

Los investigadores identificaron además transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos. Esos giros, objetados por el revisor fiscal de la fiduciaria, superaron los $17.000.000.000.

La delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo Díaz, solicitó al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, que los hallazgos fueran declarados de impacto nacional por el aumento de los compromisos y desembolsos efectuados durante la administración anterior.

Lindo Díaz explicó que la Fiduprevisora, administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, concentró las alertas por los pagos a prestadores de salud que no contaban con la documentación que los respaldara. La declaratoria, afirmó, permitirá actuar “con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”.

La Contraloría General de la República había examinado la gestión de recursos de la fiduciaria. En julio de 2026, estableció hallazgos fiscales por $176.975.000.000 relacionados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones realizados sin cumplir los requisitos legales.