Exgobernador de Santander Nerthink Aguilar fue imputado por presuntas irregularidades en la construcción de un colegio en Suaita

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita, Santander.

La actuación está relacionada con un contrato financiado con recursos de regalías, cuyo valor inicial fue de $15.280 millones. De acuerdo con el ente investigador, posteriormente se aprobó una adición de $6.500 millones, mientras que la obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Aguilar Hurtado no aceptó los cargos.

Fiscalía cuestiona la compra del predio para el colegio

Según la investigación, los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando Aguilar Hurtado, entonces gobernador de Santander, autorizó la compra por $551 millones del predio donde se proyectaba construir la institución educativa.

La Fiscalía sostiene que el terreno presentaba condiciones que comprometían la viabilidad del proyecto. Entre ellas estaban la existencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años.

Antes de avanzar con el proyecto, un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura habría advertido sobre las dificultades que presentaba el terreno. Pese a ello, el proceso continuó hasta la contratación de las obras.

El contrato fue suscrito el 7 de diciembre de 2022, después de que el entonces gobernador delegara su firma. Para la Fiscalía, los estudios y diseños disponibles estaban incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto tampoco incluía la totalidad de las obras necesarias.

Contrato recibió una adición de $6.500 millones

El contrato establecía que el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos de las modificaciones que fueran necesarias. Sin embargo, en octubre de 2023 solicitó una adición por $6.500 millones, que posteriormente fue aprobada.

Después se realizó un pago de $3.339 millones por concepto de la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

De acuerdo con la Fiscalía, las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto habrían generado un detrimento patrimonial de $3.339 millones.

La obra fue suspendida en febrero de 2024. Entre los elementos recopilados durante la investigación, el ente acusador señala que lo construido tendría que ser demolido debido a razones ambientales.

Fiscalía también cuestiona la necesidad del proyecto

La investigación incluyó además aspectos relacionados con la necesidad de construir una nueva institución educativa en el municipio.

Según la Fiscalía, en Suaita ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales. A esto se suma que para el nuevo proyecto no se había previsto presupuesto destinado a una nueva planta docente.

El ente investigador también señaló que no se contaba con suficientes estudiantes para justificar la construcción de la nueva infraestructura educativa.

Estos elementos hacen parte de los hallazgos presentados por la Fiscalía dentro de la investigación sobre el proyecto financiado con regalías.

Aguilar tiene otros dos procesos mencionados por la Fiscalía

La imputación por el proyecto del colegio se suma a otros dos expedientes relacionados con el exgobernador.

El 12 de agosto de 2024, un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputó a Aguilar Hurtado por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Ese caso está relacionado con dos convenios que la Gobernación de Santander suscribió con el canal regional TRO en 2020 y 2021, por más de $8.000 millones.

Uno de esos contratos, por $5.848 millones, tenía como objeto posicionar la imagen institucional del Gobierno departamental. Según la Fiscalía, los convenios se suscribieron sin estudios previos ni análisis de mercado y la propuesta fue presentada por el propio canal.

La investigación también señaló que entre los contratados había activistas de su campaña y empresas de personas que fueron padrinos de su matrimonio. Durante aquella audiencia, Aguilar manifestó: “No me allano a los cargos que se me imputan”.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte lo acusó formalmente. El proceso quedó a la espera de juicio, con la Contraloría y la Gobernación como víctimas.

El segundo expediente está relacionado con la elección del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en 2023.

El 14 de octubre de 2025, la Fiscalía imputó a Aguilar Hurtado por prevaricato por acción. Según el fiscal, el entonces gobernador no tramitó las recusaciones presentadas contra él y otros participantes y permitió votar a personas que tendrían posibles conflictos de interés.

De esa votación fueron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado. Aguilar Hurtado tampoco aceptó los cargos en este proceso.