Militarizar Santa Marta podría recuperar el control de las calles, pero no necesariamente desmontaría el dominio territorial de las Acsn, advirtió experto

Santa Marta amaneció el miércoles 23 de septiembre de 2026 con una parte importante de sus actividades suspendidas luego de la jornada de intimidaciones, bloqueos, disparos e incineración de cuatro vehículos registrada tras la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Empresas de transporte decidieron mantener paralizado el servicio hasta contar con garantías de seguridad, mientras el mercado y numerosos establecimientos comerciales permanecieron cerrados.

La situación también tuvo repercusiones en el sector educativo, con colegios sin clases, y estuvo acompañada por un despliegue de la fuerza pública. Patrullas recorrieron diferentes sectores de la ciudad y aeronaves militares sobrevolaron las estribaciones de la Sierra Nevada. El gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía en respuesta a las acciones de intimidación dirigidas contra comerciantes, transportadores y ciudadanos.

La capacidad de las Acsn para trasladar acciones violentas desde áreas rurales hacia las calles de la capital del Magdalena puso en evidencia una estructura que, de acuerdo con el análisis entregado por Roberto García Alonso, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, cuenta con mecanismos de mando, financiación y articulación territorial.

García Alonso explicó que la situación actual “no surge de la nada”, al recordar que desde 2025 la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la consolidación territorial de las Acsn y las disputas de esta estructura con el Ejército Gaitanista y el Clan del Golfo en Magdalena, La Guajira y el Cesar.

El profesor señaló que el operativo de la fuerza pública puede tener efectos inmediatos sobre la capacidad de los grupos armados para ejercer intimidación en espacios urbanos, pero advirtió que la presencia de uniformados no necesariamente implica el desmantelamiento de las estructuras que sostienen el control económico y territorial.

“Una respuesta coercitiva como esta puede ser necesaria para impedir que un grupo armado imponga un paro sobre la población, pero recuperar físicamente las calles no equivale necesariamente a recuperar el territorio”, señaló.

Los escenarios para la organización armada tras la muerte de alias Cholo

De acuerdo con García Alonso, la muerte de alias Cholo afecta dos capacidades relevantes de las Acsn. Según las autoridades, ocupaba el segundo lugar en la estructura, por debajo de alias Pinocho, y tenía funciones relacionadas con las finanzas y la articulación de rutas de narcotráfico.

El profesor explicó que el impacto de su muerte involucra el mando, la financiación y la coordinación de las operaciones. Sin embargo, señaló que la salida de un dirigente de este nivel puede producir diferentes efectos dentro de una organización armada.

García Alonso planteó dos escenarios: una sucesión relativamente ordenada bajo el liderazgo de alias Pinocho o una competencia entre mandos intermedios por los recursos y territorios que podría generar enfrentamientos internos y una eventual fragmentación en estructuras con mayor autonomía local. ¿Sobre cuál de estas posibilidades se impondrá?, indicó que todavía no existe certeza.

La respuesta de las Acsn tras la muerte de “Cholo” estuvo marcada por amenazas, bloqueos, quema de vehículos y el anuncio de un paro armado de 48 horas. Para el académico, estas acciones muestran que, en el corto plazo, la organización buscó evidenciar que mantiene capacidad de coerción pese a la pérdida de uno de sus principales mandos.

En cuanto a la cohesión interna, García Alonso señaló que las operaciones policiales realizadas durante 2026 muestran una estructura con funciones diferenciadas. Entre ellas mencionó los mandos, el componente financiero y las redes locales vinculadas con la extorsión y el control de actividades económicas en Santa Marta y municipios cercanos. “Por lo pronto no hay evidencia pública por ahora de una fractura abierta de la organización”, sostuvo el profesor al referirse al estado actual de la estructura.

El despliegue militar y el desafío de recuperar el territorio

La decisión de reforzar la presencia de la fuerza pública en la ciudad también plantea preguntas sobre lo que implica la denominada militarización. García Alonso señaló que el término debe entenderse con precisión, pues el anuncio realizado por el presidente contempla el fortalecimiento de las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, pero no la sustitución de las autoridades civiles por una autoridad militar.

Según explicó, el Gobierno ha presentado la medida como una operación desarrollada dentro del marco constitucional y legal, orientada a recuperar el control territorial frente a las acciones de las Acsn. El alcance de este tipo de despliegues también depende de su capacidad para afectar las redes que permiten a una organización armada mantener mecanismos de intimidación y control.

El profesor explicó que la extorsión no depende exclusivamente de la presencia de hombres armados en las calles. Estas estructuras, según su análisis, funcionan mediante redes de información, amenazas selectivas, intermediarios y conocimiento sobre las personas que comercian, transportan bienes o residen en determinados sectores.

Por esa razón, el aumento de patrullajes y la presencia militar pueden contribuir a recuperar la movilidad y disminuir las acciones visibles, pero no necesariamente desmantelan las redes que permiten mantener esas actividades: “La literatura nos sugiere que el despliegue militar puede reducir temporalmente la capacidad visible de intimidación”.

García Alonso también señaló que la experiencia latinoamericana muestra que las operaciones de recuperación territorial pueden perder sus efectos cuando no están acompañadas posteriormente por instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía, la justicia y una presencia institucional permanente.

El reto de garantizar la seguridad sin vulnerar derechos

El despliegue de uniformados en zonas urbanas también plantea obligaciones relacionadas con la protección de la población civil y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este punto, García Alonso explicó que la fuerza pública cuenta con estructuras institucionales y mecanismos destinados a regular su actuación.

El académico recordó que hay décadas de experiencia operativa en escenarios relacionados con conflicto armado, crimen organizado, control territorial y protección de la población civil. También señaló que la fuerza pública dispone de doctrina, estructuras de formación y políticas específicas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

De acuerdo con la información entregada por el profesor, el Ministerio de Defensa cuenta con una Dirección de Derechos Humanos y DIH encargada de formular políticas, capacitar y hacer seguimiento al comportamiento de la fuerza pública. Además, señaló que en 2024 se actualizó la política sectorial relacionada con esta materia.

La discusión, por tanto, no se limita al número de uniformados desplegados en las calles o a la recuperación de la movilidad durante el paro armado. También comprende la capacidad institucional para mantener posteriormente las condiciones de seguridad y garantizar la presencia de las entidades responsables de investigación, justicia y atención a la población. “Sería un error plantear el problema como ‘militares versus derechos humanos’”, afirmó García Alonso al referirse a la necesidad de considerar simultáneamente las obligaciones de seguridad y las garantías para la población civil.