Víctimas de reclutamiento forzado exigieron a ‘Timochenko’ entregar información sobre fosas comunes en el Meta: “Fusilaron cerca de cien personas”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) oficializó el inicio de la ejecución de las sanciones propias impuestas a los siete exmiembros del último secretariado de las Farc-EP, condenados en el Caso 01 por crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad emitió la decisión el 18 de septiembre de 2026, luego de que la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmara de manera parcial, el 25 de junio de 2026, la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2025 contra los exintegrantes de la antigua cúpula guerrillera.

El documento ordenó cumplir lo resuelto en la sentencia TP-SA-SP 620, que revisó parcialmente el fallo TP-SeRVR-RC-ST 001, emitido dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros delitos concurrentes atribuidos a las Farc-EP.

Las sanciones alcanzan a Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante y coordinador del Bloque Magdalena Medio, quien deberá cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental, condenado a siete años, 10 meses y dos días; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur, con una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; y Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental, con ocho años.

También fueron sancionados Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio, con seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño e integrante del Bloque Oriental, con seis años; y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller” de las Farc, con cinco años.

La Organización No Gubernamental (ONG) Rosa Blanca, integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, le pidió alias Timochenko entregar información sobre dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe, Meta, en el sitio conocido como El Pueblito, además de otras localizadas en los puntos Ucrania y Casa Verde.

“Timochenko no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe - Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”, escribió la organización en su cuenta de X.

La ONG afirmó que Rodrigo Londoño era entonces jefe de inteligencia y contrainteligencia de las Farc y que allí “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”. Según el grupo, los familiares aún esperan recuperar sus cuerpos.

Abogado de las víctimas señaló que tienen pruebas de la participación de Sandra Ramírez en abusos

Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, habló sobre la citación de la excongresista Sandra Ramírez a rendir versión libre por su presunta implicación en el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc.

El togado dijo, en entrevista con Blu Radio, que la investigación no apunta a que Ramírez hubiera ejecutado directamente los delitos, sino a su supuesto nivel de influencia y a su participación en decisiones de los altos mandos.

Conforme a las declaraciones de Alzate, la citación modifica la situación jurídica de la exguerrillera dentro de la jurisdicción. “A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional”, sostuvo.

En efecto, indicó que la excongresista trasladó su formación como enfermera a otros integrantes de la guerrilla que ejecutaban esas prácticas. También le atribuyó intervención en decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.

La declaración de Daisy Guanaro, una víctima reclutada cuando tenía 10 años, fue presentada por Alzate como la prueba que permitió cuestionar a la jurisprudencia que hasta entonces solo citaba a mandos militares. Según el jurista, Guanaro relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior “para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos”.