Rodrigo Lara confirmó que hubo cambios en los esquemas de protección de exministros, pero negó que les hayan sido cancelados: “Hay una seguridad básica”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no retiró los esquemas de seguridad de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, sino que ajustó dispositivos que, según dijo, ya no correspondían con los riesgos vigentes. Sostuvo que la medida permitirá reasignar agentes de la Policía a las tareas de seguridad ciudadana.

Lara Restrepo afirmó que las medidas no fueron eliminadas, sino reducidas. También cuestionó que exfuncionarios mantengan dispositivos equivalentes a los asignados mientras ejercían cargos ministeriales.

El ministro asi ejemplifico la medida: “Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro. Sí hay una seguridad básica, pero yo creo que Colombia tiene ya que empezar a recortar este tema de los esquemas. Es que no puede ser que exministros de hace ocho años o de hace diez años, pues tengan camionetas blindadas y hombres armados acompañándolos cuando ya su riesgo pasó, o exsenadores de hace ocho años con unos esquemas grotescos”.

Según Lara Restrepo, las protecciones básicas se mantendrán para las personas que las necesiten. El objetivo, añadió, es que los recursos disponibles permitan reforzar la presencia policial en las calles y combatir el crimen: “Necesitamos a la policía en la calle combatiendo el crimen y no cuidando a gente ni haciéndole mercado a personas que ya no significan peligro o no tienen peligro para sus vidas, ¿sí me hago entender?“.

La revisión ocurre después de que la UNP contabilizara 313 incidentes de seguridad contra personas con medidas de protección entre agosto de 2022 y junio de 2026. De ese total, 276 fueron atentados durante la administración de Gustavo Petro, des acuerdo con información suministrada por La FM.

Desde finales de agosto de 2026, la entidad dirigida por Didier Blanco revisa los esquemas asignados a antiguos integrantes de ese gobierno, personas vinculadas con la administración y figuras cercanas a la izquierda. Los afectados tendrían diez días para apelar la decisión.

La lista divulgada en medios incluye al exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.

También figuran el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.

La medida alcanza a funcionarios, activistas y personas cercanas al petrismo

La decisión de la UNP también incluye a Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo; a Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué; y al activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.

Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero, anunció que apelará la determinación. En declaraciones a La FM, afirmó que la medida todavía no se hizo efectiva y responsabilizó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por cualquier hecho que pudiera afectarlo.

La revisión también habría dejado sin protección al creador de contenido Beto Coral, deportado recientemente de Estados Unidos. En la relación aparecen además el activista Levy Rincón y Gabriela Muñoz.

Lara Restrepo atribuyó los ajustes a irregularidades detectadas en la UNP y habló de desorden y derroche en la administración de los recursos de protección.

En la lista figura Juliana Guerrero, quien aceptó cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal, relacionado con la falsificación de un título universitario para acceder a un cargo público.