Pulso entre el Gobierno y Congreso por la ‘Ley de Mérito’: subcomisión pidió rechazar objeciones de Abelardo de la Espriella

La decisión sobre las objeciones presidenciales al proyecto que establece límites para reducir los requisitos de acceso a cargos directivos del Estado está prevista para ser discutida en la tarde del martes 22 de septiembre de 2026 en las plenarias del Congreso.

El informe presentado por las subcomisiones designadas por las mesas directivas del Senado y de la Cámara recomienda mantener la iniciativa, con modificaciones, y señala que, frente a las objeciones de inconstitucionalidad, deberá acudirse a la Corte Constitucional si ambas cámaras insisten en su aprobación.

El documento fue suscrito por los senadores Hernán Darío Cadavid Márquez, Óscar Hernán Sánchez León y Juan Carlos García Gómez, así como por los representantes Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Jorge Alexander Quevedo Herrera y Jhon Jairo Berrío López, quienes integraron las respectivas comisiones accidentales encargadas de estudiar los reparos del Ejecutivo.

El proyecto corresponde al número 056 de 2024 en la Cámara de Representantes y 345 de 2024 en el Senado. Su título establece que busca prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional.

En la proposición final del informe, los congresistas encargados del estudio solicitan a las plenarias acoger únicamente la objeción relacionada con la correspondencia entre el título y el contenido material del proyecto y aprobar una modificación al título.

En cuanto a las demás objeciones presidenciales, relacionadas con razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, la comisión accidental propone no aceptarlas. El documento pide aprobar las modificaciones y precisiones incluidas en el informe y “insistir, con modificación, en la constitucionalidad y conveniencia de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5”.

El artículo 6, de acuerdo con el informe, no fue objeto de un cargo autónomo y, por esa razón, se plantea mantenerlo sin modificaciones.

El documento también establece el procedimiento que seguiría el proyecto si las dos cámaras del Congreso deciden insistir en la iniciativa pese a las objeciones por inconstitucionalidad. “En consecuencia, si las Plenarias de ambas Cámaras aprueban la insistencia respecto de las objeciones por inconstitucionalidad, deberá darse aplicación al trámite previsto en el artículo 167 de la Constitución Política para que la Corte Constitucional decida definitivamente sobre la discrepancia”, señala.

El informe fue fechado en Bogotá en septiembre de 2026 y presentado ante los presidentes del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil Cubillos.

Hernán Cadavid espera que el Congreso mantenga el proyecto

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y autor de la iniciativa, manifestó que espera conseguir los votos necesarios para que el proyecto continúe su trámite después de las objeciones presidenciales. “El mérito debe ser el camino que permita las oportunidades para todos los colombianos, queremos este avance en el Congreso de la República de un trabajo muy esforzado que permita que los colombianos puedan llegar a los espacios que merecen después de todo su esfuerzo, esa será nuestra lucha”, dijo.

La iniciativa había sido aprobada previamente por el Congreso, pero el presidente Abelardo de la Espriella decidió objetarla a finales de agosto, antes de su conversión en ley de la República.

El proyecto había sido presentado como una medida para impedir que se reduzcan los requisitos mínimos establecidos para ocupar los cargos de mayor nivel dentro de entidades estatales y empresas con participación estatal. La discusión se centra ahora en los reparos formulados por el Ejecutivo y en la posición adoptada por la comisión accidental encargada de estudiarlos.

El Gobierno nacional, por su parte, buscará que sus objeciones sean respaldadas durante la discusión en las plenarias. De acuerdo con los argumentos expuestos por el Ejecutivo, el proyecto presenta reparos tanto de carácter constitucional como de conveniencia.

Entre las razones señaladas por el Gobierno se encuentra una “desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil y coadministración judicial prohibida”, así como una “invasión de competencias del Ejecutivo”.

En su exposición sobre las objeciones, el Ejecutivo también cuestionó los efectos que tendría la prohibición de reducir determinados requisitos para acceder a cargos directivos. Según el Gobierno, la medida podría mantener exigencias establecidas en manuales históricos que, de acuerdo con su planteamiento, han contenido requisitos elevados para determinados cargos.

En ese sentido, el Ejecutivo argumentó que se produciría una “perpetuación de barreras excluyentes”; y sostuvo que algunos manuales fueron elaborados con exigencias que calificó como excesivas, entre ellas maestrías específicas y requisitos de experiencia que pueden llegar hasta los 15 años.

De esta manera, el Gobierno sostiene que la posibilidad de modificar racionalmente determinados requisitos permitiría ampliar el acceso a personas que cuentan con las competencias técnicas necesarias, mientras que el proyecto aprobado por el Congreso establecería una restricción para modificar esas condiciones.