
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, defensora de derechos humanos y excandidata al Congreso de la República, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró su esquema de seguridad pese a que, según afirmó, conserva un nivel de riesgo extraordinario y ha enfrentado incidentes recientes durante sus desplazamientos por diferentes regiones del territorio nacional.
Herrán, que es madre de dos de los hijos del ex jefe de Estado, Andrea y Andrés, se expresó en su cuenta de X y reveló lo que habría ocurrido el pasado 15 de septiembre, cuando el escolta que tenía a su disposición la alertó sobre el seguimiento de dos hombres. La mujer criticó que la Policía descartara la existencia de peligro con el argumento de que en Cajicá no hay presencia paramilitar.
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“Ahora, sin que se haya superado la vulnerabilidad a mi vida, deciden quitar el esquema pese a seguir con riesgo extraordinario”, expresó la líder de izquierda, que reveló cómo en octubre de 2025, a través de una acción de tutela interpuesta ante la unidad, logró que se atendiera su solicitud. Lo anterior, según dijo, tras “demostrar varios hechos” que atentaban contra su seguridad.
¿Por qué Mary Luz Herrán tenía un escolta a su cuidado?
Es válido precisar que, el 21 de febrero de 2023, la excompañera sentimental del líder del Pacto Histórico y coordinadora del nodo Colombia Profunda, sufrió un atentado a disparos mientras se movilizaba en un vehículo por las vías del departamento del Magdalena. Aunque ya tenía un chaleco y un celular, luego de este suceso fue que le fue asignado un efectivo para su esquema.
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La mujer, que también tenía un vehículo para su custodia, señaló que permanece cerca de 10 días al mes en su vivienda y el resto del tiempo adelanta diferentes actividades en otras zonas del país, donde, aseguró, ha debido afrontar varios incidentes. “Y allá he tenido que superar varios incidentes”, expresó Herrán, que hizo parte en su juventud de la extinta guerrilla del M-19.
En consecuencia, la política oriunda de Barrancabermeja expresó su preocupación por la manera en que la UNP retiró medidas de seguridad que habían sido otorgadas tras una tutela y luego de reportes de amenazas e incidentes. La controversia por la decisión radica en que la entidad habría recalificado su situación mientras sostuvo que persisten hechos que comprometen su seguridad.
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Con ello, la exesposa del expresidente responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección, cuyo titular es el poligrafista y psicólogo Didier Blanco; a la Policía y al Gobierno de Abelardo de la Espriella por cualquier hecho que pueda afectarla. “Los hago responsables por mi vida y a la UNP y, sobre todo, a este gobierno de extrema derecha”, afirmó la mujer en su mensaje en la plataforma digital.

De esta manera, Herrán añadió que integrantes de su equipo también han recibido amenazas y han sobrevivido a atentados; por tal motivo, pese al retiro del esquema de seguridad, la lideresa anunció que mantendrá sus actividades. “De todos modos seguiré mi proceso como defensora de DDHH y de la vida”, remarcó Herrán en su declaración, que dio pie a diferentes reacciones.
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La UNP le quitó protección a exministros de Gustavo Petro
La denuncia de la exesposa de Gustavo Petro se conoció en una jornada en la que la UNP está en el ojo del huracán, por revisar los niveles de riesgo de exfuncionarios, dirigentes políticos y activistas vinculados con sectores cercanos al anterior gobierno; y, tras estos análisis, determinar la reducción o suspensión de esquemas de seguridad para varios de los exfuncionarios del Ejecutivo.
Entre los que sufrieron modificación de su esquema se destacan los exministros Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo, José Antonio Ocampo y Rosa Yolanda Villavicencio, además del ex alto comisionado para la Paz Otty Patiño y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus, según se pudo establecer en relación con este caso.
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En respuesta, la UNP justificó los retiros en estudios técnicos que actualizaron la matriz de riesgo de extraordinario a ordinario, con base en factores como la salida de cargos públicos y cambios en las condiciones de exposición de las personas protegidas. Los afectados por las resoluciones dispondrán de 10 días desde la notificación para presentar recursos de reposición y apelación.
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