La Fiscalía judicializó a cuatro hombres señalados de drogar y abusar a niñas indígenas en Meta: “Fueron inducidas a inhalar pegante”

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres por su presunta participación en la explotación sexual de niñas indígenas jiw de entre 12 y 15 años en Puerto Concordia, Meta. La investigación documentó de manera preliminar cuatro víctimas y busca establecer si hubo otras menores afectadas.

Las capturas se realizaron en diligencias de registro y allanamiento en varios inmuebles de Puerto Concordia, a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2019 y 2026 y tendrían como víctimas a niñas de los resguardos Caño La Sal y Luna Roja.

Los detenidos fueron identificados como Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía. Una fiscal de la Seccional Guaviare les imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Los cuatro procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser definida en el curso del proceso judicial.

La Fiscalía investiga un presunto patrón contra niñas de dos resguardos jiw

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los investigados habrían desarrollado una forma de actuación específica dirigida contra menores de la comunidad jiw. De acuerdo con los elementos recopilados hasta ahora, las víctimas habrían sido inducidas a consumir sustancias tóxicas antes de ser sometidas a agresiones sexuales. La entidad señaló que los responsables se habrían aprovechado del estado de indefensión de las niñas y de las condiciones que enfrentan en sus territorios.

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, informó que el expediente contiene información sobre cuatro víctimas. “A la fecha se han documentado cuatro víctimas que fueron inducidas a inhalar pegante que les era entregado en botellas”, aseguró la funcionaria.

Jaramillo añadió que, según la investigación, en algunos episodios las menores habrían recibido alimentos y alojamiento antes de las agresiones. Esos elementos forman parte de la línea de investigación con la que la Fiscalía intenta reconstruir las circunstancias de los hechos y determinar la posible intervención individual de cada capturado.

Desplazamiento y barreras territoriales, entre las condiciones examinadas en el caso

El ente acusador indicó que la indagación toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las niñas de la comunidad jiw. Entre ellas mencionó antecedentes de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales para acceder a las instituciones del Estado.

La Fiscalía considera que esas circunstancias habrían incidido en el riesgo al que estaban expuestas las menores. La investigación busca establecer si existieron otras personas involucradas, cómo operaba el presunto patrón de captación y si hay más niñas que puedan ser reconocidas como víctimas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la comunidad jiw ha enfrentado otras afectaciones asociadas al conflicto armado que también son objeto de evaluación dentro del proceso penal.

Dos menores indígenas fueron encontradas en uno de los allanamientos

Durante uno de los operativos judiciales, las autoridades encontraron a dos menores de edad indígenas en uno de los inmuebles inspeccionados. Las niñas quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que activó el proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos.

La presencia de las menores durante el allanamiento será evaluada dentro de la investigación, mientras las autoridades verifican su situación y recaban información para determinar si tienen relación con los hechos denunciados.

La Fiscalía mantiene abiertas las labores de verificación y recolección de pruebas. El objetivo es identificar a otras posibles víctimas, ampliar los elementos probatorios y definir si existen nuevas responsabilidades penales por los hechos denunciados.