El representante Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40′, presentó propuesta para recortar en $100.000 millones el presupuesto de la JEP: “El chiste se cuenta solo”

El Presupuesto General de la Nación para el año 2027 sigue sumando nuevas propuestas para ajustar su monto final, que fue aprobado en primer debate por $634,9 billones, y que tendrán sus últimos debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Recientemente, se han conocido varias proposiciones para modificar los montos asignados a las entidades y dependencias nacionales. Una de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo presupuesto asignado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fue de $821.803 millones, aunque desde el tribunal se exigió $947.642 millones para su funcionamiento el año entrante.

Sin embargo, desde el Congreso se ha promovido que se disminuyan $100.000 millones del monto asignado para distribuirlos en otras entidades del Estado.

Ese fue el caso de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante a la Cámara por las curules de paz que, a través de su cuenta de X, también cuestionó el reporte entregado por la JEP sobre los recursos destinados a la defensa de los comparecientes.

Una de sus críticas fue el convenio con el que, según su versión, se garantizó el pago de honorarios a los abogados del secretariado de las extintas Farc durante su sometimiento ante la justicia transicional.

“Los recursos de la paz deben ser destinados a mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado, no para pagarle abogados a los ex FARC. La cereza del pastel, la @JEP_Colombia ha destinado más de 40.000 millones de pesos para pagar los abogados de los Ex FARC. El chiste se cuenta solo, mientras tanto las víctimas esperando ser indemnizadas”, escribió en la red social.

Del mismo modo, el parlamentario, en declaraciones a la prensa nacional, cuestionó el dinero concedido a la entidad, argumentando que no ha dado resultados que, para él, beneficien a las víctimas del conflicto armado.

“Yo represento a las víctimas del conflicto armado. Lo que tenemos que decir de manera clara es que la plata de las víctimas del conflicto armado, los recursos de la paz, no puede quedar en burocracia”, declaró el congresista a los medios de comunicación.

Así mismo, criticó que la JEP solo haya emitido tres sentencias en menos de una década, al considerar el robusto personal que cuenta la entidad. “La JEP tiene más de 1.400 funcionarios, además 800 contratistas, y en diez años van tres sentencias. Eso yo creo que es muy claro para el país y especialmente para nosotros, para las víctimas del conflicto armado, que no necesitan todo ese recurso”, indicó.

Al justificar sus proposiciones, Tovar Vélez sugirió que dichos recursos se distribuyan a otras dependencias que, en su visión, si están desarrollando actividades para la población colombiana: la primera, se destinaría 70.000 millones de pesos a la habitabilidad y mejora de las condiciones de vida en zonas rurales de los municipios PDET; la segunda, trasladar 30.000 millones de pesos a la Unidad para las Víctimas para el pago de indemnizaciones.

“La plata de la paz debe verse traducida en inversiones como agua potable y que se vean beneficiados a las víctimas del conflicto armado, no que queden en mera burocracia”, concluyó.

Su propuesta se suma a la expuesta por el senador Enrique Gómez, del movimiento Salvación Nacional, que contempla que la entidad dejaría de recibir otros $100.000 millones y que sería trasladado al Consejo Superior de la Judicatura.

Esto desató diferentes críticas en el sector político del país, y hasta llegó a otras instancias judiciales. Justamente, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expuso en una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles afectaciones a la autonomía del tribunal transicional.

No obstante, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó la propuesta de Enrique Gómez y cuestionó que Ramelli haya acudido a la CPI, argumentando que el debate por los recursos para 2027 y las propuestas legislativas no constituyen una amenaza para la independencia judicial.