Defensora del Pueblo lanzó alerta sobre los sectores del Magdalena y la Guajira donde operan Los Pachenca: “Situación de riesgo estructural”

A raíz del operativo que llevaron a cabo las autoridades el lunes 21 de septiembre, y que dejó entre el saldo final la caída de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), además de otros siete miembros del grupo armado ilegal abatidos en medio de los combates.

Debido a este caso, la defensora del Pueblo, Iris Marín señaló por medio de un mensaje en su cuenta de X que estos hechos que podían repercutir en las comunidades donde hace presencia las Acsn, también conocidos como Los Pachenca, venían siendo alertados desde inicios de diciembre de 2025.

“A propósito de los hechos recientes en la Sierra Nevada de Santa Marta: Comparto la información de la Alerta Temprana 20 de 2025, que se refiere a las situación de riesgo estructural de varios municipios de Magdalena y la Guajira, bajo fuerte influencia de los Pachencas, autodenominados ’Conquistadores de la Sierra’, y en algunas zonas en disputa con el Clan del Golfo (“EGC”)“, detalla la publicación por parte de Marín la mañana del martes 22 de septiembre, y luego de etiquetar los perfiles de la Presidencia y el Ministerio del Interior.

Los detalles del informe de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió el 2 de diciembre de 2025 una alerta temprana estructural que advierte un nivel de riesgo alto para la población civil en 21 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su área de influencia, ante la disputa territorial entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La alerta temprana AT PP-P01-F10 abarca municipios de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. La alerta incluye 38 recomendaciones dirigidas a entidades del Estado para activar medidas de prevención temprana y urgente.

La alerta identifica cinco dinámicas de violencia que coexisten en el macizo montañoso: control hegemónico de las Acsn en las vertientes norte y occidental; pretensión de consolidación del EGC en las vertientes occidental y suroriental; disputa abierta entre ambos grupos en las tres vertientes; coexistencia forzada por conveniencia económica en zonas portuarias de la vertiente norte; y tránsito circunstancial del EGC en territorios de la vertiente suroriental aún no estratégicos.

Los grupos armados y sus estructuras: el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Las Acsn son el resultado de una cadena de mutaciones que arranca en 1986 con las Autodefensas de El Mamey, fundadas por Hernán Giraldo Serna. Tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona en 2006 y la extradición de Giraldo en 2008, surgieron disputas entre sus herederos que derivaron en la estructura actual.

Según el comunicado de la institución, el Gobierno Nacional, mediante la Resolución 294 de 2025 de la Presidencia de la República, reconoció la autodenominación del Clan del Golfo como Ejército Gaitanista de Colombia, manteniendo su clasificación como Grupo Armado Organizado (GAO) sin que ello implique reconocimiento político. En un Consejo de Seguridad del 8 de agosto de 2025 en Valledupar, el Ministerio de Defensa catalogó formalmente a las Acsn como GAO.

El EGC opera en la región a través del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, con al menos cuatro frentes activos. De acuerdo con el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), una nueva subestructura denominada Frente Ferney Antonio López Polo apareció por primera vez el 28 de marzo de 2025 en San Martín, sur del Cesar, y comenzó a reemplazar progresivamente al Frente Francisco José Morelos Peñate en municipios de la vertiente suroriental.

Violencia con tasas que triplican el promedio nacional

Las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que varios municipios de la vertiente occidental registran las tasas de homicidio más altas de toda la Sierra Nevada.

La zona Bananera presenta la situación más crítica: 97 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, 89 en 2024 y 88 en lo corrido de 2025 hasta septiembre, valores que triplican la tasa nacional de 26 para esos años. Municipios como Ciénaga y El Retén también duplican los promedios nacionales.

En la vertiente norte, Dibulla y Riohacha duplicaron tanto la tasa nacional como la departamental de La Guajira en 2024. En la vertiente suroriental, Barrancas casi triplicó su propia cifra de 2023 al pasar de 9 a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.

Repertorios de violencia documentados

La Defensoría del Pueblo identificó dos categorías de mecanismos utilizados por los grupos armados. Los mecanismos de regulación social incluyen disciplinamiento mediante reuniones obligatorias, cobro de exacciones a ganaderos, caficultores, bananeros y comerciantes, difusión de panfletos y videos con amenazas, tratos crueles filmados y difundidos en redes sociales, violencia sexual y trata de personas.

En la vertiente norte, las Acsn aplican cobros diferenciados: $ 2.000 por hectárea cultivada, cabeza de ganado o kilo de cacao, y un 10% en transacciones de predios, según el comunicado institucional. En Zona Bananera, el EGC exige cuotas por cada caja de guineo exportada más un pago inicial de $ 10.000.000 a productores.

Los mecanismos de control territorial incluyen enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y confinamientos, uso de artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones, paros armados que paralizan economías locales, reclutamiento de menores de edad y despojo de tierras.

La alerta documenta que entre agosto y septiembre de 2025 las ACSN filmaron y difundieron en Facebook y otras plataformas castigos físicos públicos —rapado de cabello, trabajos forzados, humillaciones filmadas— contra habitantes de Santa Marta y Ciénaga que infringieron sus normas de conducta. Estos videos fueron distribuidos en perfiles identificados con nombres como “Chester Noticias” y “York de la Calle”.

Poblaciones indígenas en riesgo

El sistema de alertas identificó como poblaciones especialmente vulnerables a los diez pueblos indígenas que habitan el macizo —Kággaba, Iku, Wiwa, Kankuamo, Taganga, Ette Ennaka, Wayúu, Zenú, Yukpa e Inga—, a las 236.258 personas afrodescendientes que representan el 12% del total regional, al campesinado estimado en 244.174 personas, a los dignatarios de Juntas de Acción Comunal y a personas socialmente estigmatizadas por razones de orientación sexual, condición económica u origen nacional.

Los pueblos indígenas han sufrido la ocupación de sitios sagrados, interferencia en sus sistemas de justicia ancestral y el confinamiento de comunidades enteras.

En mayo de 2024, cinco comunidades Kogui en Palmor, Ciénaga, quedaron confinadas con aproximadamente 1.335 personas como consecuencia de enfrentamientos entre Acsn y EGC.

Factores de vulnerabilidad estructural

En la vertiente suroriental, Pueblo Bello registra que más del 65% de su población total carece de necesidades básicas satisfechas, cifra que asciende al 86% en zonas rurales. Los índices de concentración de la tierra (coeficiente Gini) superan 0,7 en la mayoría de los municipios de las tres vertientes, lo que equivale a que menos del 30% de la población controla la totalidad de la propiedad rural. En Zona Bananera, el Gini de 0,82 implica que el 80% de la tierra está en manos del 20% de los propietarios.

La alerta analiza el impacto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Dentro de los detalles que se mencionan en el documento, los ceses al fuego con el EGC —entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2023— y con las AcsnN —entre el 1 de enero y el 30 de junio de ese año— no detuvieron la confrontación entre los propios grupos ilegales, que en algunos casos se intensificó durante esos períodos.

Los acuerdos de Doha firmados el 18 de septiembre de 2025 con el EGC incluyen compromisos nacionales y específicos para cinco municipios de Urabá, pero sin menciones directas a la Sierra Nevada. El proceso con las Acsn se encontraba en fase preliminar al momento de la emisión de la alerta, con un polígono reducido que abarca Santa Marta, Ciénaga y Dibulla.

Liderazgos sociales de la región señalaron ante la Defensoría la ausencia de mecanismos de participación para organizaciones comunitarias y autoridades étnico-territoriales en ambos procesos.