El ministro Rodrigo Lara confirmó plan del Gobierno para reducir el presupuesto de la JEP: pidió recortar gastos y defendió la austeridad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, después de que el magistrado enviara una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que alertó sobre posibles riesgos para la independencia y el funcionamiento del tribunal transicional.

El jefe de Estado afirmó que no comparte “el contenido, el alcance ni el tono” de esa comunicación.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció en su cuenta oficial de X sobre la polémica y afirmó que todas las entidades del Estado —nacionales, territoriales y judiciales— deben reducir sus gastos durante el resto de 2026 y en 2027, debido, según dijo, a la “crisis fiscal heredada”.

“Ante la crisis fiscal heredada, todas las entidades del Estado (nacionales, territoriales, judiciales y de control) tenemos el deber de recortar gasto superfluo e improductivo, en 2026 y en 2027 (sic)”, afirmó.

Según el ministro del Interior, varias entidades tienen “mucha grasa” y, en muchas de ellas, persisten supuestas prácticas de politiquería y derroche.

“En varias entidades hay mucha grasa y en muchas entidades hay politiquería y derroche (sic)”m indicó.

Rodrigo Lara afirmó que la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a la carta del magistrado Alejandro Ramelli fue “respetuosa e institucional”. También sostuvo que el mensaje es claro y que la austeridad no implica “incumplir acuerdos internacionales”.

“El mensaje del Presidente es respetuoso e institucional, pero también es muy claro. Austeridad no es incumplir acuerdos internacionales. Es mejorar y cumplirle al país en un momento difícil (sic)”, indicó.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó los planteamientos expuestos por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, en una carta remitida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Ramelli advirtió en ese documento sobre una eventual afectación a la autonomía y la operación del tribunal transicional. El oficio, identificado como PRS-239-2026, tiene fecha del 18 de septiembre de 2026 y fue divulgado ante la ciudadanía y la Fiscalía de la CPI.

De la Espriella manifestó que no comparte “el contenido, el alcance ni el tono” de la comunicación. En un mensaje publicado en su cuenta de X, sostuvo que las decisiones de su administración no permiten afirmar que Colombia haya desconocido obligaciones internacionales.

El mandatario indicó que los debates sobre el uso de los recursos públicos y las iniciativas legislativas no representan una presión sobre la justicia. “Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando (sic)”, escribió.

El jefe de Estado explicó que la asignación presupuestal de las entidades no depende exclusivamente de las solicitudes que presentan. Afirmó que el Gobierno debe evaluar la disponibilidad de dinero, las demandas de otros sectores y las prioridades nacionales antes de definir los montos.

Según De la Espriella, la JEP ha recibido más de $3 billones desde 2018. También precisó que el presupuesto aprobado para esa jurisdicción fue de $777.069 millones en 2025 y que para 2026 cuenta con cerca de $744.659 millones.

Para el próximo año, la entidad solicitó $947.642 millones, mientras que el proyecto presupuestal prevé una partida de $821.803 millones. Esa diferencia figura entre los argumentos que motivaron la advertencia de Ramelli ante la CPI.

“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal (sic)”, afirmó el presidente. “No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos (sic)”.

De la Espriella afirmó que el examen de las cuentas de la JEP no equivale a intervenir en las decisiones de sus magistrados. Dijo respetar la independencia judicial, aunque consideró que el manejo de fondos estatales debe responder a criterios de eficiencia y rendición de cuentas.

El presidente también cuestionó el ritmo de producción de sentencias de la jurisdicción. Señaló que las primeras decisiones restaurativas fueron emitidas en 2025 y sostuvo que sus resultados judiciales deben evaluarse frente al tamaño de su estructura administrativa.

De acuerdo con las cifras citadas por el mandatario, la nómina de la JEP fue calculada en $404.477 millones para 2026. Además, aludió a datos difundidos durante el debate público sobre la remuneración de Ramelli y sus ingresos desde que ingresó a esa institución.