La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró que en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) afirmó que en Colombia no se practican cirugías de reafirmación de género a menores de edad y advirtió que atribuir esos procedimientos al sistema de salud puede alejar a las familias de la orientación médica.

El pronunciamiento respondió a la controversia generada por el documental Colombia, fábrica de niños trans, dirigido por el creador de contenido mexicano Samuel Adrián y producido por Somos Fundamento, y a actuaciones judiciales relacionadas.

El ente gremial también expresó su respaldo al doctor Mario Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica que, según el comunicado, ha recibido señalamientos durante los últimos días. Por lo anterior, pidió que las diferencias se tramiten mediante discusión académica, revisión de pruebas y respeto al debido proceso.

El documento situó la discusión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que abordó la relación entre salud e identidad de género en las sentencias T-421 de 2020, T-218 de 2022, T-199 de 2023 y T-436 de 2025. También citó la Guía para la Atención integral en salud de personas trans del Ministerio de Salud y Protección Social, publicada ese mismo año.

La ACSC sostuvo que la atención de niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género requiere una evaluación individual, gradual e interdisciplinaria. La organización planteó que el debate público debe distinguir entre información verificable, hipótesis, opiniones y afirmaciones sin comprobar.

Las sociedades científicas cuestionaron afirmaciones sobre procedimientos inexistentes

Las organizaciones suscriptoras rechazaron que se presentara como comprobada la realización de operaciones de reafirmación de género en pacientes menores de edad. En el comunicado señalaron: “En Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad”.

Para las sociedades, esa afirmación debe analizarse a partir de la práctica asistencial y de las pruebas clínicas disponibles. “Presentarlo como un hecho comprobado distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional”, indicaron.

El pronunciamiento sostuvo que las decisiones clínicas deben considerar las necesidades de salud y el entorno familiar de cada paciente. El ente científico fijó como criterios la ética profesional, la bioética, la dignidad humana, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y la participación informada de familias o cuidadores cuando corresponda.

La Comisión Séptima recibió la petición de crear una mesa técnica nacional

La ACSC solicitó a la Comisión Séptima del Congreso de la República promover e instalar una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente. El espacio debería reunir al Gobierno nacional, la Corte Constitucional, el Congreso, sociedades científicas, especialistas en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil, además de pacientes, familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes.

La propuesta busca construir un marco normativo que recoja los avances de la Corte Constitucional y del Ministerio de Salud y Protección Social. Entre sus tareas, la mesa debería revisar las pruebas disponibles y sus límites, precisar las realidades clínicas del país, examinar el marco ético y legal aplicable y formular recomendaciones de política pública.

Las sociedades también pidieron criterios para una comunicación pública responsable. “La legítima controversia no justifica la difusión de afirmaciones no verificadas, las generalizaciones, la estigmatización ni el descrédito de pacientes, familias o profesionales de la salud”, expresaron.

Sobre los cuestionamientos contra Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica, manifestaron que “las discrepancias legítimas deben tramitarse mediante discusión académica seria, revisión de las pruebas y respeto irrestricto por el derecho fundamental al debido proceso de las personas”.

La representación gremial pidió evitar descalificaciones personales y afirmaciones que desconozcan la autonomía, la formación y la responsabilidad ética de los profesionales de la salud. También ratificó su disposición a intervenir en la conversación pública con independencia, rigor y responsabilidad.