Esta es la carta que Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, envió a la Corte Penal Internacional: advirtió que está en riesgo el futuro del tribunal

Frente a lo que consideró es un escenario de incertidumbre, frente al eventual recorte en $100.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente del tribunal transicional, Alejandro Ramelli, envió una carta a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedir respaldo a la “independencia, autonomía y funcionamiento” de este organismo, derivado del Acuerdo de Paz de 2016.

La misiva, con fecha 18 de septiembre, fue dirigida a Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, que asumieron la oficial del Fiscal de la CPI después de que el titular, Karim Khan, pidió licencia para afrontar una investigación por presunta conducta sexual inapropiada y agresión sexual. En la misma, se advierte sobre las iniciativas que cursan en el Congreso, y que dejarían al tribunal desfinanciado para ejercer su labor.

Según Ramelli, los proyectos de ley que fueron radicados ante el legislativo se sumarían a un desfase acumulado de la JEP por 84.663 millones de pesos. La carta hace mención de la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez, respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, que plantea trasladar los $100.000 millones al funcionamiento de la Jurisdicción al Consejo Superior de la Judicatura.

Mientras que la segunda consiste en una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias dictadas por la JEP contra miembros de la fuerza pública. “Las consecuencias no serán únicamente presupuestales”, sostuvo el titular del tribunal transicional, que reiteró que el recorte comprometería recursos destinados a la protección de víctimas.

Y no solo eso, también de los testigos, intervinientes y funcionarios judiciales, además de fondos para el funcionamiento de las sedes y la infraestructura tecnológica de la entidad. En el documento, Ramelli indicó que $62.478 millones están asignados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que otros $29.362 millones corresponden a arriendos, servicios públicos y mantenimiento de la JEP.

Iniciativas que cursan en el Congreso comprometerían el futuro de la JEP, advirtió Ramelli ante la CPI

Tal y como había afirmado en la rendición de cuentas de la jurisdicción y en diferentes medios de comunicación, la reducción afectaría más del 40% de los fondos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial. A su vez, en la carta también cuestionó la iniciativa de revisión automática de sentencias, que le quitaría la independiente que tiene el tribunal en sus decisiones.

“Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz”, sostuvo el magistrado, que agregó las dos medidas son incompatibles con los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Cooperación firmado con la Fiscalía de la CPI el 28 de octubre de 2021.

De hecho, esta comunicación cita los artículos 1 y 6 de ese instrumento, relacionados con el apoyo a los procesos nacionales de rendición de cuentas y la evaluación del principio de complementariedad. “La afectación presupuestal y la revisión de las sentencias por la Justicia Penal Militar no constituyen, en consecuencia, hechos aislados”, reiteró Ramelli, que apuntó a los efectos a corto y mediano plazo.

A su juicio, las iniciativas “debilitan las condiciones materiales, jurídicas e institucionales indispensables para el funcionamiento de la JEP”. Por tal motivo, en la solicitud dirigida a los fiscales adjuntos de la CPI, pidió que la Fiscalía tome “formalmente nota” de la situación, evalúe sus implicaciones y refuerce las comunicaciones con el Gobierno de Colombia y con la JEP; es decir, exprese su respaldo al tribunal.

El objetivo, según escribió, es “preservar la independencia, autonomía y capacidad efectiva de funcionamiento de esta Jurisdicción”. De esta forma, También solicitó acompañamiento para evitar que las iniciativas “obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.