La Procuraduría puso la lupa sobre presuntas irregularidades identificadas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y abrió indagación previa en averiguación de responsables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y de la Fiduprevisora, que administra el Fomag.
Una auditoría llevada a cabo en el Fondo evidenció el incremento de costos en la prestación de los servicios de salud para los docentes y otros afiliados. Además, se identificaron anomalías en el diseño y ejecución del nuevo modelo de salud implementado por el gobierno anterior (liderado por el expresidente Gustavo Petro) que habrían derivado en la reducción de la red de prestación del servicio y en la generación de mayores obstáculos para la atención en salud de los usuarios y de un patrimonio negativo.
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Esto pasó, pese a que hubo advertencias por parte de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
En consecuencia, la Procuraduría abrió indagación previa por cuatro anomalías específicas:
- Irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la contratación de los operadores del servicio de salud.
- Pagos sin soporte ni cadena presupuestal que se hicieron por $4,4 billones. Las transacciones se efectuaron desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fomag por concepto de pago de proveedores.
- Liquidación de contratos y pagos a los administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
- Pagos a empresas de acueducto y energía, pese a que fueron objetados por la revisoría fiscal (vigencias 2023 y 2026).
Práctica de pruebas: requerimientos a ministerios y entidades
El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas y requirió a las entidades y ministerios investigados para que alleguen información que permita avanzar con la indagación.
En cinco días hábiles posteriores a la comunicación de la apertura de indagatoria, la Fiduprevisora deberá remitir al despacho los datos sobre las personas que hayan fungido como vicepresidentes de fondo de prestaciones, gerentes jurídicos del fondo de prestaciones y gerentes de servicios de salud. También deberá enviar información sobre funcionarios y particulares encargados o que hayan participado en el trámite de los procesos en los que se identificaron las anomalías.
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El Ministerio de Salud, por su parte, tendrá que allegar a la Procuraduría una copia del informe que fue presentado por la exministra Viviane Morales Hoyos, en el que se exponen los hallazgos del Fomag, relacionados con la situación financiera, administrativa y de prestación de servicios de salud del Fondo. Además, debe presentar un “informe detallado y soportado del estado y resultas del o los procesos de auditoría requeridos por la exministra Viviane Morales Hoyos respecto de la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Por otro lado, el Ministerio Público requirió a la Contraloría Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República para que remita una copia de los informes de las inspecciones judiciales realizadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora, en relación con el manejo y administración del Fomag. También pidió que allegue un documento detallado y soportado en el que se expliquen las acciones adelantadas por el organismo de control fiscal con base en los resultados de las inspecciones.
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La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública también deberá enviar al despacho un informe sobre las actuaciones adelantadas con respecto a la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud del magisterio.
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