Cancillería tomó decisiones para garantizar la expedición de pasaportes a pesar de decisión del Tribunal de Cundinamarca: esto es lo que pasará

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en la mañana del 17 de septiembre la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes en Colombia; una medida excepcional con la que busca evitar interrupciones en el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas en el país.

La decisión, que cobija la expedición de visas para los extranjeros, responde a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió de manera provisional la ejecución de los instrumentos vinculados al nuevo modelo de pasaportes. La Cancillería aseguró que el servicio continúa activo y que los ciudadanos no deben hacer trámites adicionales.

“El servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”, señaló el ministerio en su comunicado, en respuesta a lo determinado en este asunto por el referido tribunal.

Medida busca cubrir una necesidad transitoria

La Cancillería indicó que recurrió a esta figura con base en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en situaciones que demandan una respuesta inmediata para preservar un servicio. De esta manera, permitirá adoptar “las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata”.

El ministerio precisó que los contratos derivados de esta declaratoria tendrán un alcance limitado. “La contratación que se derive de esta declaratoria tendrá carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas”, sostuvo esta dependencia frente a estos procesos.

La decisión ocurrió después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, fechado el 2 de septiembre, que respondió a la acción popular interpuesta por Nicolás Dupont Bernal, director de la Fundación Dilo Colombia contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.

Esta providencia estableció como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes. También ordenó tomar acciones inmediatas para preservar la regularidad del servicio, en una determinación que pidió acreditar “plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras”.

Lo anterior, además de esclarecer asuntos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado de la operación. Es válido destacar que la decisión del tribunal tiene implicaciones en el convenio establecido con la Casa de la Moneda de Portugal, pues el fallo ordenó suspender esos convenios principales y cualquier otro contrato que se origine.

Y es que cabe destacar que la Cancillería pretendía obtener un respaldo judicial que le permitiera procesar, personalizar y expedir los pasaportes mediante los convenios suspendidos. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud al considerar que el poder judicial no tiene la facultad de conceder autorizaciones administrativas en ese sentido.

Cancillería iniciará una licitación pública para definir una “solución permanente”

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en paralelo a la contratación temporal, comenzó a estructurar un proceso de licitación pública para resolver de forma permanente la necesidad de garantizar la emisión de pasaportes y visas. Aunque había pedido una aclaración sobre los alcances de la suspensión, se optó por esta vía expedita.

El objetivo, según la entidad, es que ese proceso se desarrolle “bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, con un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual”. Así pues, también anunció que remitirá a la Contraloría General de la República el acto administrativo de urgencia manifiesta para su revisión.

A su vez, los contratos suscritos bajo ese mecanismo y sus antecedentes, para el respectivo control fiscal. “La prioridad del Gobierno Nacional es garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho de los colombianos a acceder oportunamente a sus documentos de viaje”, concluyó el comunicado emitido por la dependencia, en respuesta a este fallo judicial.