La Fiscalía Regional de Atacama presentó cartas y conversaciones de WhatsApp como parte de los antecedentes que vincularían a una funcionaria suspendida con la fuga de Néstor Jair Quiñones Hernández, ciudadano colombiano de 21 años condenado por homicidio que escapó de un centro de internación de Copiapó, en Chile.
Los detalles se conocieron luego de la recaptura del connacional en Atacama a inicios de septiembre de 2026.
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Durante la formalización de ocho personas investigadas por presuntamente colaborar con el escape, el Ministerio Público expuso una posible relación sentimental entre el interno y la funcionaria, quien había sido tutora de la casa 5 del Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC), donde el joven cumplía una sanción de 10 años.
Los antecedentes revelados por la Fiscalía señalan que la funcionaria se encontraba suspendida desde mayo por un sumario administrativo relacionado con ese presunto vínculo. La relación, el eventual apoyo logístico y las responsabilidades de los involucrados deberán ser definidos por la Justicia chilena.

Una carta hallada por la Policía sería parte de la prueba
La investigación incorporó dos cartas atribuidas a Quiñones Hernández, una de ellas localizada en la vivienda de la funcionaria imputada.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el contenido de los escritos apuntaría a una relación afectiva entre ambos.
“Te amo mucho, falta poco para estar como queremos”, decía una de las cartas, según la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Marsella Rojas.
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La representante del organismo estatal sostuvo que, en otro texto, el joven se refería a la posibilidad de que ambos pudieran estar juntos como lo habían imaginado.
Los investigadores también establecieron que el condenado ya conocía la vivienda de la funcionaria. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el colombiano llegó a ese lugar después de salir de Copiapó y fue recibido con comida. A la mañana siguiente desayunó con las personas que se encontraban en la casa.

Fiscalía atribuye a la funcionaria gestiones para facilitar el traslado
El Ministerio Público sostiene que la mujer habría tenido participación en coordinaciones para llevar al joven desde Copiapó hacia Antofagasta, ciudad donde finalmente fue detenido.
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Entre las acciones que se le atribuyen se encuentran la búsqueda de un vehículo para movilizar al prófugo, el pago de peajes por medio de una transferencia bancaria y la solicitud a sus hijos para que colaboraran en el traslado.
La Fiscalía también presentó conversaciones de WhatsApp que, según su teoría del caso, reflejarían coordinaciones para recibir a Quiñones Hernández, facilitarle alimentos y alojamiento, y gestionar la continuación de su recorrido hacia el norte de Chile.
Las diligencias no encontraron registro del supuesto bautizo por el que pidió permiso el ciudadano colombiano
La salida de Quiñones Hernández desde el IP-IRC fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de su defensa. La solicitud se justificó con la supuesta asistencia del joven al bautizo de su hijo.
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No obstante, las diligencias de la Unidad Anticorrupción, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía no hallaron registros que confirmaran la organización de la ceremonia.
Las consultas realizadas a la Catedral de Copiapó tampoco permitieron encontrar antecedentes de charlas prebautismales, una fecha programada, información sobre el menor que sería bautizado ni datos sobre posibles padrinos.
Según la Fiscalía, la inexistencia de registros sobre el bautizo forma parte de los elementos que se analizan para determinar si la autorización fue utilizada como una excusa para facilitar la salida del condenado.
Quiñones Hernández fue capturado en una toma de Antofagasta, donde permanecía junto a su madre.
La última novedad de este caso la emitió el Juzgado de Garantía de Copiapó, que ordenó el traslado de Quiñones Hernández a la sección juvenil de la cárcel de Antofagasta.
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La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el martes 15 de septiembre, en la que el fiscal Luis Miranda presentó los antecedentes que, según el Ministerio Público, justificaban el cambio de establecimiento.
La Fiscalía sostuvo que la conducta del joven dentro del sistema de reinserción hacía necesario trasladarlo a otro recinto para proteger al personal penitenciario, a las víctimas, a los testigos relacionados con el caso y a la comunidad.
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